jueves, 16 de mayo de 2013

Pueblos ocultos rumbo a su extinción

10/05/13 Por Luis Ángel Saavedra
El ruido de los motores de extracción petrolera y la tala indiscriminada del bosque ahuyentan a los animales que los pueblos ocultos necesitan cazar para sobrevivir. Urge implementar medidas cautelares para proteger a pueblos en aislamiento voluntario.
La masacre de unos 30 indígenas taromenane, ocurrida en marzo pone al descubierto una nueva realidad y la negligencia del Estado ecuatoriano para proteger a los pueblos que aún sobreviven en la selva amazónica, presionada por, la expansión de la industria petrolera y la acción ilegal de madereros.
Estas actividades se mantienen pese a que el mismo gobierno del presidente Rafael Correa emitió, el 2 de febrero de 1999, el Decreto Ejecutivo 552 con el que declaró “zona intangible” al territorio donde habitan los pueblos indígenas Taromenane y Tagaeri, y el 18 de abril del 2007, delimitó esta zona mediante el Decreto 2187.
El ruido de los motores de extracción petrolera y la tala indiscriminada del bosque ahuyentan a los animales que los pueblos ocultos necesitan cazar para sobrevivir. Para expresar su malestar han atacado esporádicamente a madereros, como sucedió en setiembre del 2005, abril del 2006 y marzo del 2008; o a colonos, como cuando atacaron a Sandra Zabala y dos de sus hijos, en setiembre del 2009.
En la madrugada del pasado 5 de marzo de este año, atacaron al guerrero huaorani Ompore Omeway y su esposa Buganei Cayga, que vivían cerca de la comunidad Yarentaro.
Omeway es padre de los líderes de Yarentaro y había decidido alejarse de la comunidad para vivir en aislamiento; esporádicamente tenía contacto con los taromenane y tagaeri, con quienes compartía territorios de caza.
El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los que más han estudiado a los tagaeri y taromenane, sostiene la hipótesis de que estos últimos le habrían expresado su malestar por las incursiones que se daban en sus territorios y las dificultades para la cacería; además, le habrían solicitado que les consiga algunos machetes y hachas.
Cabodevilla asegura que a estos pueblos ya no se les puede considerar como “no contactados”, pues toman contacto con algunos ancianos huaorani a quienes solicitan cosas que necesitan para sobrevivir en la selva, como los machetes, hachas o algunos utensilios de cocina.
La hipótesis de Cabodevilla la comparte Mónica Chuji, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), quien manifiesta que Omeway habría ofrecido machetes y hachas, pero no pudo cumplir con su palabra, pues nadie le proporcionó estos implementos pese a que los habría solicitado a la comunidad de Yarentaro y a la compañía petrolera española REPSOL.
“Ompore [Omeway] empeñó su palabra y no pudo cumplirla, no consiguió todo lo que le pidieron”, asegura Chuji.
Conocida la noticia del ataque a Omeway y Cayga, unos 15 guerreros de Yarentaro, liderados por Orengo Tokari, sobrino de Omeway, se adentraron en la selva en busca de los taromenane para ejercer venganza; la primera y segunda incursión falló, pues no los encontraron. En la tercera incursión, 18 días después del ataque a Ompore, los hallaron y los asesinaron con armas de fuego. Orengo declaró en un programa de televisión que mató a cinco taromenane; sin embargo, Cawetipe Yeti, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), asegura que por lo menos son 30 los taromenane muertos
“La costumbre [entre los huaorani] es usar lanzas”, explica Chuji. “Ahora usaron armas de fuego y eso rompe con la tradición y va a traer muchos problemas entre las comunidades huaorani”, añade en referencia a que esto abre la posibilidad de que los conflictos entre los huaorani puedan resolverse con armas de fuego.
Gobierno tergiversa la realidad
Por su parte, Cabodevilla cuestiona la lentitud del gobierno en actuar frente a este problema, pese a ser el responsable de implementar las denominadas “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, dictadas en abril del 2007.
“Conocida la muerte de Omeway [las autoridades gubernamentales] debieron entrar inmediatamente a Yarentaro y hablar con las familias, ofrecer una indemnización y convencerles de no tomar venganza”, dice Cabodevilla.
En efecto, las noticias del ataque a los ancianos huaorani, como la incursión para tomar venganza, se divulgaron de manera inmediata; pero no se conocieron acciones gubernamentales hasta cuando se difundió la información de la masacre y el rapto de dos niñas taromenane, que fueron llevadas a Yarentaro. Autoridades gubernamentales catalogaron a la masacre como un rumor.
Según Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos y miembro del Comité Internacional de Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario, el rapto de las niñas es la prueba de que existió una masacre, pues es costumbre de estos pueblos asesinar a todos los miembros de un clan, incluyendo niños, cuando se rapta a las mujeres, y así evitar una futura venganza. El rapto de mujeres es una práctica que se da en los enfrentamientos de estos pueblos; algunas de las actuales esposas de los huaorani son mujeres tagaeri o taromenane raptadas en épocas pasadas.
Las autoridades gubernamentales afirmaron que todo es un rumor mientras no se encuentren los cuerpos, y para ello realizaron varios sobrevuelos en helicóptero, todos fallidos. Luego, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, aseguró que una posible muerte de taromenanes se debería a que consumieron alimentos dañados, que habrían sido lanzados desde una avioneta.
Chiriboga tergiversó los comentarios de las niñas raptadas, que se negaron a comer el arroz que les ofrecieron en Yarentaro, explicando que años atrás sus abuelos habían enfermado por comer el arroz que lanzaron desde “una cosa que vuela”.
“Si es verdad que les están lanzando comida desde aviones, es un genocidio”, afirmó el capuchino José Miguel Goldaraz, compañero de Cabodevilla, en referencia a que los alimentos que se consumen en occidente contienen virus para los que no están preparados los pueblos ocultos, aparte de que pueden consumirlos cuando ya están dañados.
Goldaraz participó en el “Encuentro de la Red Eclesial Amazónica” realizado en Puyo, provincia amazónica de Pastaza, donde en abril se reunieron por tres días representantes de 26 países. En su manifiesto final, dado a conocer el 24 de abril, pidieron que “se detenga este desangre en la selva, ocasionado por presiones de todo tipo y por poderosos intereses para los cuales los pueblos desprotegidos son meros obstáculos para el mal llamado desarrollo”.
No es “guerra de clanes”
Para confundir más a la opinión pública, los medios de comunicación gubernamentales están difundiendo la idea de que estos ataques son parte de una guerra de clanes y definen a los huaorani como comunidades que chantajean a las petroleras, exigiendo prebendas a cambio de no cerrar las vías de acceso a los pozos.
“No es una simple guerra de clanes, aunque los taromenane y tagaeri si miran a los huaorani como sus enemigos, porque los miran como aliados de los invasores; pero tampoco se puede catalogar a las comunidades huaorani como chantajistas o como aliados de las petroleras”, afirma Chuji.
El 26 de mayo del 2003 fueron asesinadas 23 mujeres y niños taromenane. Se responsabilizó de esta masacre a guerreros huaorani, movidos por madereros. La incursión fue ordenada por el jefe Babe, en venganza del ataque a uno de sus hijos, y la lideró Davo. Los dos son considerados los guerreros más respetados de esta nacionalidad. Babe murió en agosto del 2009, mientras que Davo vive a orillas de una carretera donde mantiene un control de los vehículos, exigiéndo gaseosas como tributo por el paso.
Tres años después, considerando los constantes enfrentamientos de los huaorani con los taromenane y tagaeri, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares para la protección de estos últimos.
El gobierno nacional tuvo en ese momento una posición proactiva, ordenando que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se haga cargo de la implementación de estas medidas. Sin embargo no se siguió con el proceso y Pichilingue, quien lo lideraba, fue despedido.
“Las medidas cautelares para protegerlos deben implementarse en una zona de interés petrolero, y ahí venció este interés y perdieron los beneficiarios de las medidas cautelares. Si sigue así, estos pueblos van rumbo al exterminio”, sostiene Pichilingue.EcoPortal.net
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