En Nueva York, durante la reunión mantenida entre la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner con directivos de Monsanto, éstos le
comunicaron su plan de inversiones en Argentina por 1.670 millones de
pesos. El plan contempla la construcción de una planta para la
producción de semillas de maíz en Malvinas Argentinas (Córdoba), dos
estaciones experimentales y 170 millones de pesos para investigación y
desarrollo en maíz y soja. Las estaciones experimentales se localizarían
una en Tucumán y la otra en Córdoba.
Dedicado a Cristina Fuentes, in memoriamUna Madre de Barrio Ituzaingó Anexo, una luchadora
El título no es un juego de palabras. Describe una realidad inminente.
En 1956 la empresa estadounidense Monsanto ingresó a la Argentina como
productora de plásticos y en 1978 empezó sus actividades de
acondicionamiento de semillas híbridas de maíz en Pergamino, provincia
de Buenos Aires. Actualmente posee en nuestro país 5 plantas: dos
procesadoras de semillas (Planta María Eugenia en Rojas, Planta
Pergamino); una productora de herbicidas (Planta Zárate) y dos
estaciones experimentales (Camet, Fontezuela) [1]. Ahora pretende
instalar una tercera fábrica en la provincia de Córdoba y dos nuevas
estaciones experimentales [2][3].
La sede central de Monsanto está en el barrio de Creve Coeur en Saint
Louis, en el estado de Missouri (Estados Unidos). Fundada por John
Francis Queen en 1901 su primer actividad de envergadura fue la venta
del edulcorante artificial sacarina a la empresa Coca Cola. Desde
entonces ha generado y comercializado centenares de sustancias químicas,
entre ellas plaguicidas como el DDT y el Agente Naranja (un herbicida y
desfoliante con partes iguales de 2,4 D y 2,4,5 T usado en Viet Nam),
agregados para transformadores como los PCBs y edulcorantes como
NutraSweet. Contribuyó al desarrollo de las primeras bombas atómicas a
través del Proyecto Dayton y de Mound Laboratories y al desarrollo de
plásticos y electrónica óptica. Ingresó al campo de la producción de
semillas y fue pionera en el desarrollo de organismos genéticamente
modificados, OGMs (1982). Los OGMs tienen incorporados genes que los
torna resistentes a la aplicación de plaguicidas e incluso a la menor
disponibilidad de lluvias.
Lamentablemente sus conductas irresponsables han sido casi tan numerosas
como sus productos. Innumerables tribunales de distintos países han
condenado a Monsanto por adulteración de datos y otras malas prácticas
[1][4]. Recientemente el Tribunal de Gran Instancia de Lyon, en Francia,
condenó a Monsanto porque su plaguicida Lasso dañó la salud de un
productor. Lasso tiene alacloro como principio activo y cantidades
significativas del solvente monoclorobenceno. Precisamente, las muestras
biológicas tomadas al afectado confirmaron la presencia de
monoclorobenceno (2012).
Sería ingenuo considerar a Monsanto como la única amenaza corporativa.
Aunque maneja el 80% del mercado de las plantas transgénicas, es seguida
por Aventis con el 7%, Syngenta (antes Novartis) con el 5%, Basf con el
5% y DuPont con el 3%. Estas empresas también producen el 60% de los
plaguicidas vendidos en el mundo [5].
Monsanto ingresó a la Argentina como industria plástica primero, y como
productora de semillas no transgénicas después [1]. Sin embargo, sus
actividades productivas y comerciales crecieron explosivamente a partir
de la decisión que tomaron varios funcionarios públicos de Argentina en
una oscura reunión de la CONABIA, el organismo de la Secretaría de
Agricultura de la Nación, el 21 de septiembre de 1995 [6][26]. Ese
organismo consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no
había inconvenientes para que se comercializara la soja RR (Round-up
Ready). Las cartas habían sido echadas sin previo debate público ni
consulta. Argentina ingresó de la mano de Felipe Solá y un grupo de
ignotos funcionarios a la experimentación abierta de organismos
genéticamente modificados. Todos ellos aprobaron al enigmático vegetal
de pequeña estatura el 25 de marzo de 1996 [6]. La piratería de
Monsanto, que se había apoderado de los genes naturales de la soja con
sólo agregarle un gene clonado procedente de la bacteria Agrobacterium
CP4 (el gen CP4 EPSP), ingresaba legalmente al país. En cuanto al
glifosato ya había sido aprobado en 1977 por el SENASA, que lo revalidó
en 1999 [27].
Hacia fines de la década de 1990 Argentina empezaba a pagar el precio de
tener instituciones públicas y funcionarios poco serios, más
preocupados por complacer a las corporaciones internacionales que en
proteger la salud de los ciudadanos. En base al criterio de dosis letal
50 -absolutamente inapropiado para clasificar plaguicidas- el glifosato
ya estaba incluido internacionalmente en la Clase Toxicológica IV:
"productos que normalmente no ofrecen peligro". Esto parecía ahuyentar
cualquier riesgo. No se consideraron entonces las consecuencias
negativas de sus bajas dosis, pese a que ya existía suficiente
bibliografía y sólidas alertas. Servilismo e ignorancia se combinaron
para que durante los siguientes 15 años personas y ecosistemas formaran
parte de un experimento abierto que las afectaría en forma silenciosa.
Cientos de miles de bebés, niños, adolescentes y adultos fueron
transformados en cobayos involuntarios y sin derecho a protesta. Pero no
recibirían solamente glifosato y su derivado AMPA [28], sino también
una larga lista de otros plaguicidas, entre ellos los insecticidas
endosulfán y clorpirifós y el herbicida 2,4 D.
Las puertas institucionales del país quedaron abiertas así para el
cultivo masivo de la soja TH (comercialmente RR), y su herbicida
asociado, todo ello en base a un raquítico expediente de 146 fojas que
contenía información mayoritariamente aportada por Monsanto. A partir de
allí la revolución transgénica local siguió los mismos caminos de
parcialidad y de corrupción técnica que ya se habían registrado en otros
países. El glifosato y sus derivados pasaron a interactuar luego con
plaguicidas ya existentes y con nuevos productos, todos ellos
autorizados por SENASA con la misma torpeza e insuficiencia técnica
demostrada por la CONABIA. Al resto de la historia la conocemos todos.
La oscura historia administrativa quedó sepultada por crecientes
superficies de suelo argentino dedicadas a la agricultura industrial y
por cuantiosos ingresos privados y fiscales, resultado de las
exportaciones de soja y demás cultivos transgénicos.
Actualmente la patente de la semilla de soja TH y de otras especies
resistentes a plaguicidas sigue perteneciendo a Monsanto, pero desde el
año 2000 ya no es propietaria de la fórmula del glifosato. Esto explica
porqué se multiplicaron industrias productoras en varios países del
mundo. En Argentina se utilizan crecientes cantidades de glifosato
chino, y plantas petroquímicas como Atanor –del grupo estadounidense
Albaugh- lo produce localmente (glifosato II). Atanor fabrica también
los peligrosos plaguicidas 2,4 D; 2,4 DB; MCPA, trifluralina, atrazina,
simazina y dicamba además de participar en el negocio de los organismos
genéticamente modificados. Como Monsanto, Atanor tiene su casa matriz
–Albaugh- en el estado de Missouri. Esta diversidad de productores de
glifosato torna cada vez más difícil el control de las composiciones
químicas, que pueden variar incluso entre partidas de la misma fábrica y
procedencia.
Lamentablemente, algo ya funcionaba mal antes de que se produjese el
boom de los cultivos transgénicos. Al aplicarse plaguicidas sólo se
tenían en cuenta las dosis letales –las que pueden matar directamente
una persona- y se descartaban los efectos de las bajas dosis y la
exposición crónica. Además, en un país sin registros de morbilidad y de
mortalidad por causas generales, y sin un monitoreo continuo y nacional
de residuos de plaguicidas, todo parecía indicar que el uso de
plaguicidas era inofensivo para la salud y el ambiente. Como no había
mediciones tampoco podían detectarse los efectos [7]. Este pasado de
irresponsabilidad estatal prosiguió sin cambios, lo cual facilitó la
expansión descontrolada de cultivos industriales. Argentina era el país
ideal para Monsanto y otras empresas. La debilidad del Estado y de la
propia sociedad para proteger del desmonte a los ambientes nativos hizo
el resto. Argentina bajó su biodiversidad nativa a niveles alarmantes,
pero también bajó su diversidad de cultivos y productos agropecuarios.
Durante el período 1999-2006 la diversidad de cultivos del campo
argentino decreció en más de un 20% [8].
Campos ganaderos pasaron a ser sojeros, fue cada vez más difícil
practicar agricultura orgánica y actividades tradicionales como la
producción de miel entraron en crisis. En Polonia por ejemplo el maíz
transgénico Bt de Monsanto (Mon810) fue acusado de provocar en las
abejas el Trastorno de Colapso de las Colonias (CCD en inglés). Hubo
fuertes protestas nacionales de los apicultores y el gobierno prohibió
finalmente el cultivo de maíz transgénico (mayo de 2012). Como preveía
que esto podía ocurrir, Monsanto adquirió en septiembre del 2011 la
prestigiosa empresa Beelogistics, especializada en esa y otra enfermedad
de las abejas, la virosis IAPV. Al controlar las operaciones y por lo
tanto los informes técnicos de Beelogistics, Monsanto protege al maíz
transgénico del efecto cascada que podría provocar en otros países la
dura sanción polaca [23][24].
En Argentina dejamos de privilegiar la alimentación de seres humanos
para pasar a alimentar masivamente el ganado de la Comunidad Europea y
China, y a proveer de biocombustibles sus vehículos [9]. El uso de estos
últimos le permite argumentar a los países del Primer Mundo que ellos
utilizan menos petróleo, y que son por lo tanto más sustentables, lo
cual es falso.
Quienes compran soja y derivados de soja en naciones alejadas de sus
territorios cuidan así sus suelos, sus aguas y su salud, pues trasladan a
los países productores –en este caso Argentina- todos los efectos
negativos. Aún hoy seguimos creyendo, erróneamente, que el elevado
precio internacional pagado por tonelada de soja compensa las pérdidas
ambientales y sanitarias. Previsiblemente las codicias privadas y
públicas alimentadas por la soja siguen asociadas, aunque gobiernos y
productores hayan mostrado fuertes enfrentamientos. Entretanto las
enfermedades y muertes no registradas, la pérdida de biodiversidad única
y la formación de crecientes depósitos ambientales de residuos de
plaguicidas continúa escandalosamente [7]. Quien crea que el Estado
regula y nos protege está equivocado. Somos un país abierto a
experimentos agropecuarios abiertos, un país que contribuye además, y a
bajo costo, con sus propios desarrollos biotecnológicos. Nos invaden y
ofrecemos al invasor las patentes de OGMs desarrollados en laboratorios
locales. Se repite así la perversidad de la colonización megaminera,
facilitada por los excelentes estudios geológicos de investigadores
argentinos. En este proceso las universidades públicas y privadas no son
precisamente inocentes, pues generan investigación, desarrollo
tecnológico y recursos humanos que alimentan el modelo extractivo.
Lamentablemente los gobiernos de la Nación y de las provincias siguen
sin reaccionar ante la "megaminería agrícola" que vacía suelos de
nutrientes y hace aumentar las enfermedades y muertes. Mientras la
megaminería metálica crea zonas de sacrificio sobre centenares y miles
de hectáreas, la megaminería agrícola produce zonas de sacrificio sobre
millones de hectáreas de suelos. Todo parece indicar que la codicia y la
complicidad con el modelo agropecuario actual son más fuertes que la
sensibilidad y la razón. Aunque rija por ley el Principio de Precaución
–ello conforme al Artículo 4° de la Ley Nacional de Ambiente 25675- por
ahora sólo rige el Principio de la Ganancia a Cualquier Costo. Ambiental
y social.
Facilitando la invasión
Cuatro hechos nos ayudarán a comprender el sugestivo silencio de los
gobiernos de Argentina y sus funcionarios, y porqué Monsanto puede
invadir Malvinas Argentinas sin mayores obstáculos.
1. El modelo de agricultura industrial o de "cadenas cortas intensas"
que se generalizó en Argentina ha podido desarrollarse prácticamente sin
trabas sociales porque la mayor parte de las personas viven en
ciudades, donde no se perciben los desmontes, ni la expulsión de
campesinos y comunidades indígenas, ni el empobrecimiento de los suelos.
Las ciudades son además los lugares donde se produce la mayor parte de
los insumos del modelo extractivo, desde plaguicidas hasta maquinaria
agrícola [10].
Como era previsible, la ostensible afectación de la salud en barrios
periurbanos expuestos a la contaminación por plaguicidas logró que se
visibilizara uno de los aspectos más negativos de las "cadenas cortas
intensas". Ni gobiernos ni corporaciones pudieron seguir tapando el sol
con sus manos. Vivir cerca de cultivos de soja, algodón, maíz y muchos
otras especies, transgénicas y no transgénicas podía enfermar y hasta
producir la muerte a pequeñas dosis. Pero el aparato productivo privado y
sus fuertes socios del Estado, principalmente Secretarías de
Agricultura, siguieron ignorando mayoritariamente las evidencias
científicas y el Principio de Precaución.
Durante el juicio que se sigue en Córdoba contra dos productores y un
aeroaplicador, la Federación Agraria organizó un tractorazo para apoyar a
los acusados y protestar contra la acción judicial (7 de julio de
2012). Uno de sus impulsores, visiblemente molesto, indicó públicamente
que ellos venían aplicando plaguicidas desde hace 30-40 años sin que
murieran personas por esa causa. Fue una confesión abierta. Reconoció
que sólo pensaban en las dosis letales. Para ellos –y para los
ingenieros agrónomos que firman recetas sanitarias- las enfermedades y
las muertes por exposición a pequeñas dosis no existen. Simplemente
porque ninguno de ellos conoce los modos de acción de las bajas dosis de
cócteles químicos, ni sus efectos negativos sobre el desarrollo
embrionario, el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema inmune
y demás sistemas del organismo humano [7]. Ya no es solamente un
problema de corporaciones y gobiernos, sino también de productores mal
informados, universidades y carreras de formación profesional. Durante
años los ingenieros agrónomos han dado indicaciones para la aplicación
de plaguicidas sin tener en cuenta los residuos acumulados en campañas
anteriores. Equivocadamente se operó como si los suelos de las
explotaciones agrícolas, químicamente hablando, empezaran cada nuevo año
en cero. Esto explica porqué al hacerse recetas fitosanitarias se sigue
omitiendo la acumulación previa de clorados antiguos como DDT y
recientes como endosulfán.
2. Cada plaguicida no es un principio activo solamente. Es una mezcla de
principio activo con inertes, coadyuvantes y otros agregados, alguno de
ellos tanto o más tóxico que el plaguicida principal. Es lo que
llamamos cóctel 1. Las mezclas de fábrica contenidas en envases sin
abrir también pueden sufrir cambios químicos, lo cual genera nuevas
sustancias químicas extremadamente peligrosas. En los envases cerrados
del plaguicida fosforado malathión se puede formar isomalathión, una
sustancia 7 veces más tóxica que el plaguicida originalmente envasado.
Es lo que llamamos cóctel 2. Los productores y aplicadores no suelen
usar plaguicidas en forma directa, sino que efectúan mezclas y
diluciones muy variables, generando así nuevos e impredecibles
productos. Es lo que llamamos cóctel 3. Finalmente, cuando esta suma de
cócteles –cóctel 1 más cóctel 2 más cóctel 3- es descargada al ambiente,
se generan nuevas sustancias, eventualmente más tóxicas o más
persistentes o ambas. Es el cóctel 4. Del cóctel a base de glifosato
deriva el AMPA y del cóctel a base de endosulfán deriva el sulfato de
endosulfán [7][16].
Todas estas sustancias –no solamente un producto activo- llegan a las
personas por numerosas rutas, entre ellas deriva, por partículas de
suelo contaminadas que transporta el viento, por el agua y por los
alimentos. ¿Cómo pueden los productores y los ingenieros agrónomos
evitar que pequeñas dosis de estos cócteles lleguen a las personas, y
sobre todo a los bebés y a los niños pequeños, que comparativamente a
los adultos, en relación con el peso, consumen más agua, más alimentos y
más aire, y tienen mayor superficie expuesta? No pueden.
Existe además ese agravante ya mencionado anteriormente que ni la
CONABIA ni el SENASA consideran. Los campos en que se practica la
agricultura conservan residuos de plaguicidas antiguos como el DDT y el
HCH, y recientes como el endosulfán, y toda nueva aplicación se suma a
ese "fondo histórico". Se genera así un peligroso cóctel 5. Pero las
personas expuestas, a su vez, son portadoras de plaguicidas en sus
tejidos graso y sanguíneo, con lo cual todo ingreso de plaguicidas se
"agrega" a los depósitos biológicos ya existentes. Es el cóctel 6. Tanto
la deriva desde los campos pulverizados como la inhalación e ingesta de
residuos de plaguicidas se suma a los que cada persona almacena en sus
tejidos, y que le llegaron durante años con los alimentos, el aire o el
agua contaminada, o que recibieron de sus madres cuando eran embriones y
fetos (transferencia transplacentaria) y bebés (transferencia durante
la lactancia). Dado que estas bajas dosis de residuos pueden alterar el
sistema hormonal, pues muchos plaguicidas tienen actividad estrogénica, y
afectar asimismo el sistema inmune, con lo cual nos volvemos menos
resistentes a enfermedades virales y bacterianas, está claro que la
dosis letal 50 con que se guían productores e ingenieros agrónomos
resulta inadecuada, y no protege la salud de personas expuestas.
3. El modelo de agricultura industrial para exportación no sólo exporta
granos y subproductos, sino también nutrientes. Los suelos, desprovistos
de su cobertura y de su biodiversidad natural –ambos eliminados a fin
de facilitar la siembra- carecen entonces de mecanismos físicos y
biológicos suficientes para regenerar los nutrientes que extrae cada
cosecha. El suelo acumula vacíos y se empobrece. Los compradores
extranjeros pagan el grano que compran, pero no la pérdida de suelo, ni
el agua que debió utilizarse para la producción, ni la salud perdida de
las personas expuestas, ni la menor superficie con ambiente nativo que
queda tras la expansión agrícola.
Para producir un kilogramo de porotos de soja, por ejemplo, la planta
utiliza entre 1.500 y 2.000 litros de agua. Graciela Cordone, del INTA
Castelar, sostiene que en un barco cargado con 40.000 toneladas de soja
se exportan 3.576 toneladas de nutrientes, casi el 10% del total. Si la
carga es de trigo, lleva 1.176 toneladas, y si se trata de maíz, 966
toneladas. Esa misma investigadora graficó la pérdida: "Necesitaríamos
300 camiones para cargar los nutrientes que se exportan en cada barco".
Agregó que de cada tres unidades de nutrientes perdidas "sólo se repone
una". En Argentina sólo se recupera mediante uso de abonos el 37% de los
nutrientes que pierde el suelo [11]. Seguir considerando que la siembra
directa conserva mejor el suelo es incorrecto, pues la erosión
biológica –esto es la extracción de nutrientes por una planta de
cultivo- afecta no solamente la estructura del suelo sino también la
disponibilidad de nutrientes. De este modo a la erosión eólica e hídrica
que afecta importantes superficies cultivadas en Argentina se agrega la
erosión biológica, cada vez más importante y extendida [10].
En cualquier país las fábricas naturales de suelo son los bosques,
matorrales y pastizales nativos con sus miles de especies vivas. La
agricultura se extiende sobre partes importantes de estos ecosistemas
naturales después que se elimina violentamente la biodiversidad
superficial mediante desmonte mecánico, fuego o sustancias químicas. De
allí que sólo se conserve el suelo. Lamentablemente, la agricultura y
muy especialmente la agricultura industrial, inclusive la practicada con
abonos, demanda más suelo y nutrientes de los que su empobrecido
sistema puede producir naturalmente. En este contexto los suelos más
ricos de la pradera pampeana pueden "resistir" mayor explotación que los
suelos del Chaco semiárido, y éstos –a su vez- bastante más que los
frágiles y pobres suelos rojos de la selva misionera.
Además del defasaje entre la exportación y la regeneración de nutrientes
principales (unos 12) también se registra en los suelos cultivados una
pérdida creciente de oligonutrientes. Si el empobrecimiento de los
suelos coincide con la ocurrencia de otros disturbios, como sequía,
inundaciones y erosión eólica, los efectos combinados se vuelven cada
vez más graves y definitivos. Los cultivos, ya de por sí vulnerables a
plagas, muestran que también son vulnerables a su propia simplificación.
Irónicamente, la destrucción de bosques y otros ambientes nativos,
terrestres y acuáticos, termina siendo letal para la agricultura. En
Argentina las futuras generaciones heredarán no sólo suelos contaminados
sino también suelos pobres y desertificados.
Habida cuenta que parte de los nutrientes pueden reponerse con
fertilizantes ¿dónde los obtenemos? A los fosfatos, por ejemplo, hay que
comprarlos masivamente en el exterior. Uno de los mayores proveedores
mundiales es Marruecos, donde su gobierno colonizó violentamente las
tierras del pueblo Saharauí para explotar sin obstáculos sus enormes
reservas fosfáticas [12]. De este modo Argentina comercia impunemente
con un gobierno que sigue asesinando a niños, adolescentes y adultos del
Sahara Occidental.
Cada día se extraen en las minas ocupadas del pueblo Saharauí unas
200.000 toneladas de fosfatos, parte de los cuales son compradas por
nuestro país [12]. Pese al cruel origen de esos insumos, casi no hubo
voces de protesta cuando en febrero de 2011 se anunció la instalación en
Argentina de la Oficina Marroquí de Fosfatos (OCP). Peor aún, esta
compañía fue autorizada para crear, conjuntamente con su filial Maroc
Phosphore, la importadora OCP de Argentina. Exportamos soja y
subproductos para alimentar vacas y vehículos extranjeros, e importamos
fosfatos manchados de sangre. De este modo las grandes plantaciones de
soja y sus responsables no sólo provocan enfermedades y muertes
silenciosas en Argentina. Al comprar fosfatos también contribuyen,
indirectamente, a provocar muertes silenciosas en un país tan distante y
tan próximo como Marruecos.
4. Los cultivos transgénicos no solamente implican el saqueo a veces
irreversible del suelo, y la exportación de "agua virtual" y nutrientes a
otros países, sino también la dramática reducción de la superficie
cubierta con ambientes nativos. Solamente la soja TH cubre más de 18
millones de hectáreas que en algún momento fueron ecosistemas de alta
biodiversidad. Se le deben sumar las superficies ocupadas por maíz y
algodón transgénicos, cada uno de ellos en sus formas Bt, TH y Bt x TH,
que totalizan más de 4,2 millones de hectáreas antes ocupadas por
ambientes nativos (Campaña 2010-2011) [13].
Es imposible tener agua, regeneración de suelo y estabilidad ambiental
sin conservar superficies importantes de ambientes nativos, terrestres y
acuáticos. Lamentablemente los gobiernos y los pool de siembra no lo
entienden, o no les conviene entender. Prefieren que el país termine
reventándoles en las manos a las futuras generaciones antes que reducir
sus ganancias. Un bosque no tiene solamente árboles, hongos, reptiles,
aves y mamíferos, sino un complejo entramado de seres vivos. En un metro
cuadrado de suelo y hasta los 30 centímetros de profundidad pueden
vivir unos 1.500 millones de protozoarios (microorganismos), 120
millones de nematodos (gusanos), 440.000 colémbolos (insectos), 400.000
ácaros, 2.900 ciempiés y milpiés, 500 hormigas, y muchas poblaciones de
otros organismos [17]. Cuando pasa la topadora o el fuego para plantar
soja, desaparece la biodiversidad superficial. Ese ambiente "decapitado"
deja de fabricar suelo y tiene muy baja capacidad para retener agua. La
formación de 1 centímetro de suelo en condiciones naturales demanda de
cientos a miles de años, mientras que su destrucción puede lograrse en
apenas unos años o décadas. Sobre calizas duras y clima templado-frío un
centímetro de suelo tarda 5.000 años en formarse. En selvas tropicales
lluviosas la formación de 1 centímetro de suelo rojo (oxisol) puede
demandar de 1 a 2 millones de años [18]. ¿Alcanzamos a comprender que
los ecosistemas agrícolas casi no tienen biodiversidad? ¿Y que el
silencio atroz y prácticamente sin vida animal de un campo cultivado con
soja anticipa silencios más dramáticos, si no aprendemos a balancear
producción agropecuaria con conservación de ambientes naturales?
La estabilidad social y ambiental de un país depende primariamente de
que la superficie dedicada a producción agropecuaria y sistemas urbanos,
y la superficie ocupada por ambientes nativos, ocupen cada una el 50%
de la superficie total aproximadamente. De este modo es mayor la
resistencia ambiental a crisis ambientales de todo tipo, desde sequías a
períodos extremadamente lluviosos, fuegos e ingreso de plagas. Si por
el contrario la superficie dedicada a producción crece desmesuradamente,
y solo van quedando Parques Nacionales y otras áreas naturales
protegidas, la vulnerabilidad se vuelve crítica. Es lo que está
sucediendo en Argentina. Pero baja también su resistencia social. Al
haber menos diversidad de cultivos y una desmesurada dependencia de los
países compradores de soja, cada vez que alguno de ellos impone barreras
o suspende las importaciones nuestro sistema económico entra en pánico.
En lugar de ser un país inteligente con una buena diversidad de
cultivos, y un adecuado balance entre superficie dedicada a producción y
ambiente nativo (lo cual supone, es cierto, menos ganancias) optamos
por el país-monocultivo y la dependencia enfermiza de los compradores
externos de granos. Esta combinación entre codicia, falta de
planificación agrícola e imprudencia comercial puede costarnos muy caro
en un planeta cada vez más volátil e inestable, sometido además al
cambio climático global.
En una provincia como Córdoba, que tenía 12 millones de hectáreas de
ambiente boscoso, queda menos del 5% de bosque cerrado. Si recordamos
que Córdoba es una de las provincias con peor gestión ambiental de
Argentina (y la primera con mayor superficie dedicada a soja
transgénica) [14][15], y que para el período 1998-2002 tuvo la tasa de
desmonte más alta del país (-2,93%, una cifra que contrasta con la media
mundial para un período comparable, -0,23%), se entiende cómo llegamos
al actual estado de crisis. Las cuencas hídricas colapsan, pero las
exportaciones de soja aumentan. Nuevamente las ciudades, alejadas de los
lugares donde se fabrican las crisis, parecen no advertir lo que
sucede. Pero los cortes en los suministros de agua durante 2011 y 2012
encendieron una luz roja que todavía sigue encendida.
Sin embargo ¿Quién habla en nombre de aquellos que perdieron y perderán
su salud y su vida por bajas dosis de plaguicidas? ¿Quién habla en
nombre de los campesinos expulsados de las tierras donde convivían con
el bosque, ahora dedicadas a la agricultura industrial que practican
terratenientes ilegales? ¿Quién habla en nombre de la diversidad
productiva, reducida irracionalmente por los monocultivos de soja,
algodón, maíz o arroz? ¿Quién habla en nombre de los ambientes nativos
que ya no producen suelo, ni agua, ni estabilidad ambiental? ¿Quién
habla en nombre de un país y de provincias destrozadas ambientalmente
por malas gestiones de gobierno y por poderosos intereses corporativos?
¿Quién asume la responsabilidad por la deprimida resistencia ambiental
de Argentina, la más baja de toda su historia?
La respuesta es el silencio. En Argentina ha triunfado hasta ahora el
modelo de los agronegocios, no la agroecología sustentable. Aunque
podría haberse equilibrado la superficie dedicada a producción con la
ocupada por ambiente nativo, gobiernos, corporaciones y hasta sectores
universitarios siguen privilegiando la destrucción, el uso de
biotecnología y la codicia simplificadora. En lugar de Manejo Integrado
de Plagas (MIP) continúa optándose por el envenenamiento masivo de
organismos vivos, que expone colateralmente a cientos de miles de
personas a bajas dosis de plaguicidas. Durante 2009, por ejemplo, se
dispersaron en todo el país unos 292 millones de litros de plaguicidas.
En este contexto las incorrectas autorizaciones de plaguicidas por el
SENASA, la mediocre aprobación de organismos genéticamente modificados
desde la CONABIA y la ausencia de controles estatales delatan la
inadmisible complicidad del Estado con el modelo de los agronegocios.
Monsanto en Argentina: de 5 a 8 plantas.
Todo lo analizado con anterioridad es un prólogo indispensable para
entender las nuevas invasiones de Monsanto en Argentina. Resulta ingenuo
asumir que una planta procesadora de semillas es solamente una
industria. También es un acelerador indirecto de los procesos de
monocultivo, contaminación y desmonte, y sobre todo, un factor de
consolidación del modelo básicamente depredador instalado en nuestro
país.
En Nueva York, durante la reunión mantenida entre la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner con directivos de Monsanto, éstos le comunicaron
su plan de inversiones en Argentina por 1.670 millones de pesos. El plan
contempla la construcción de una planta para la producción de semillas
de maíz en Malvinas Argentinas (Córdoba), dos estaciones experimentales y
170 millones de pesos para investigación y desarrollo en maíz y soja.
Las estaciones experimentales se localizarían una en Tucumán y la otra
en Córdoba [1][2].
Malvinas Argentinas es una localidad del Departamento Colón ubicada 14
kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba y a 10 kilómetros de
barrio Ituzaingó Anexo. Según el Censo de 2010 tiene 12.484 habitantes
pero la población continúa creciendo. Al igual de otras ciudades
rurales, sus bordes reciben los plaguicidas aplicados en campos
colindantes cultivados con soja.
Afortunadamente la noticia sobre la posible radicación de Monsanto en
Malvinas Argentinas coincidió con el fuerte debate social sobre los
efectos de las bajas dosis de plaguicidas en la salud humana y el
ambiente.
Además del juicio que se registra en Córdoba contra tres personas por
aplicación ilegal de plaguicidas (2012), se reactivó en la justicia
provincial la causa madre por contaminación en barrio Ituzaingó Anexo
iniciada por FUNAM en 2002 [20]. Esta causa –en la cual están imputadas
las mismas personas que hoy enfrentan el juicio, y donde seguramente se
investigará a funcionarios públicos- analiza la asociación entre
aplicación de plaguicidas y daños a la salud. Los querellantes de la
causa madre son FUNAM además de 30 Madres y vecinos de barrio Ituzaingó
Anexo [19].
Estas acciones, históricas, se suman al emblemático juicio finalizado en
Paraguay hace siete años (2005), donde su Corte Suprema de Justicia
dejó firme la condena de dos años de prisión impuesta a varios
productores sojeros que produjeron la muerte de un niño (Silvino
Talavera), y la intoxicación de su familia, tras aplicar glifosato en
dos oportunidades (2003) [22].
Una planta para el acondicionamiento de semillas -como la planificada
por Monsanto para Malvinas Argentinas- no puede disociarse de los campos
que las sembrarían, ni del uso asociado de plaguicidas y sus efectos.
Siendo Monsanto una de las empresas líderes en el mantenimiento del
modelo extractivo, es inevitable predecir que una mayor presencia de la
corporación agravaría regionalmente los efectos indeseados, esto es,
expansión de la superficie cultivada, destrucción de ambientes nativos y
sobre todo, más enfermedades y muertes por exposición a bajas dosis de
plaguicidas.
El actual modelo agrícola extractivo que se practica en Argentina
debería ser asumido como una variante muy extendida y superficial de la
megaminería. En los cultivos no se extraen metales valiosos, sino
nutrientes que luego se exportan como granos. Agricultura y megaminería
tienen en común, además, el consumo de agua, mayor en la agricultura
industrial, y la generación de pasivos ambientales. Mientras que la
megaminería abandona colas de mineral y depósitos de estériles, la
agricultura industrial deja acumulaciones diseminadas de plaguicidas que
persisten por años y décadas.
La planta de Malvinas Argentinas, cuya puesta en funcionamiento se prevé
para el año 2013, trataría y acondicionaría semillas de maíz hasta
lograr una capacidad máxima de producción de 3,5 millones de hectáreas.
Argentina tendría las dos plantas más grandes del mundo para el
acondicionamiento de semillas, lo cual fortalecería el ya descontrolado
modelo extractivo. Continuamente se registran en Córdoba operaciones de
desmonte ilegal para seguir ampliando el área cultivable. Es previsible
por lo tanto que las actividades de Monsanto no sólo induzcan la
expansión de fronteras agrícolas, sino también procesos de uso más
intensivo de los suelos.
La planta que Monsanto pretende instalar en Malvinas Argentinas no se
dedicaría a la producción de plaguicidas. Pero incentivaría
indirectamente su uso a nivel provincial. Al establecerse en Córdoba –y
ampliar sus actividades en Argentina- consolidaría aún más la
agricultura industrial para exportación. El dilema queda planteado. Los
400 puestos de trabajo previstos por Monsanto para la planta representan
indudablemente un atractivo en zonas con desempleo crónico. Pero las
actividades de la acondicionadora de semillas también tendrían efectos
indeseados, como la consolidación del modelo extractivo, con su secuela
de morbilidad y mortalidad, y la pérdida de puestos de trabajo en
actividades incompatibles con los cultivos transgénicos.
Existen además obstáculos legales y administrativos muy importantes. Es
inaceptable que una empresa como Monsanto anuncie sus inversiones desde
Nueva York, y que anticipe además fechas de puesta en funcionamiento
como si no hubiera Estado regulador en Argentina. También es inaceptable
que la propia presidencia de la Nación permita ese juego colonial.
Monsanto, como cualquier otra empresa, no debe decidir por sí misma lo
que hará o no en un país que se supone soberano. Por el contrario, debe
hacer la propuesta formal, iniciar el proceso de Evaluación de Impacto
Ambiental en Córdoba y someter su proyecto a debate en Audiencia
Pública. La Ley del Ambiente 7343 de la provincia de Córdoba, su decreto
reglamentario 2131 sobre Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley
Nacional de Ambiente 25675 son de cumplimiento obligatorio e ineludible.
Las localizaciones no se deciden en Nueva York o Saint Louis, Estados
Unidos, sino en Malvinas Argentinas, en Córdoba, con la participación de
todos sus pobladores. Ningún funcionario público, por alto que sea su
rango, puede asegurarle a Monsanto que se instalará. Como cualquier
empresa pública o privada debe presentar formalmente su propuesta en
Argentina, y someterse a la ley. Lo sucedido fuera del país volvió a
mostrar el escaso respeto de muchos funcionarios públicos de Argentina y
de la propia Monsanto por los procesos administrativos y por la opinión
de personas que pudieran verse afectadas. No olvidemos además que esa
empresa tiene pésimos antecedentes industriales. Como ya lo dijimos
antes, participó del proceso de fabricación de las primeras bombas
atómicas, produjo armas químicas que se usaron en Vietnam y violó normas
de todo tipo en muchos países, todo ello en nombre de sus ganancias. De
allí que Natural Society, una reconocida organización no gubernamental
de Estados Unidos, declarara a Monsanto "la peor empresa del año 2011"
tras considerar que amenazaba "la salud humana y el ambiente" [25].
Muchos pobladores de Malvinas Argentinas conocieron la posible
radicación de la planta dedicada al acondicionamiento de semillas por
los medios y no están dispuestos a que la propia Municipalidad, la
provincia o la nación cercene sus derechos. Los debates ya empezaron,
sobre todo en los colegios [21]. Apuntan críticamente al intendente y al
gobierno de la provincia, pues sospechan que ya se habrían otorgado
autorizaciones.
Cabría preguntarse ¿Por qué Córdoba? La decisión no es casual. Hay cuatro motivos visibles.
1) Tiene a nivel nacional la mayor superficie cultivada con soja
transgénica y pese a que sólo conserva menos del 5% de bosque nativo, su
superficie cultivada sigue creciendo.
2) Desde 1996 los sucesivos gobiernos nacionales y provinciales vienen
apoyando esta redituable simplificación de la biodiversidad productiva
para acrecentar la exportación.
3) Las universidades públicas y privadas producen cada vez más especialistas en ingeniería genética, y
4) Sectores importantes de la sociedad están convencidos
–equivocadamente- que este modelo de producción es económicamente
sustentable. Aunque Monsanto no lo explicite, estar cerca de los grandes
consumidores de semillas transgénicas le permitirá fiscalizar y reducir
el creciente uso irregular de "sus" semillas patentadas.
También existen cuatro motivos invisibles;
1) Argentina ejecuta una pésima política ambiental, más basada en la
declamación que en los controles, lo cual tranquiliza a empresas como
Monsanto
2) Los gobiernos locales y buena parte de la sociedad no advierten la fuerte degradación de los suelos productivos.
3) Las consecuencias sanitarias permanecen tan poco visibles como los efectos ambientales, y
4) Estado y Monsanto favorecen el mismo tipo de modelo productivo.
Esto es, un modelo extractivo basado en cientos de sustancias tóxicas,
falta de controles estatales y ausencia de estudios epidemiológicos. Un
modelo que genera cuantiosas ganancias públicas y privadas en el corto
plazo. Un modelo que nos hace más dependientes y vulnerables a los
compradores externos. Un modelo que le roba salud y estabilidad
ambiental a las actuales y futuras generaciones. Un modelo que
diariamente y en silencio aumenta la contaminación química de embriones,
fetos, mujeres embarazadas, bebés, niños, adolescentes y adultos. Un
modelo que en el nombre del progreso (de unos pocos) termina haciendo
sufrir indeciblemente (a la mayoría). Un modelo donde por cada tonelada
de soja exportada se invierte localmente en una tonelada de sufrimiento
silencioso. Pero los sufrimientos silenciosos terminan por romperse. Y
cuando el silencio social se rompe nada vuelve a ser igual.
www.ecoportal.net
Prof. Dr. Raúl A. Montenegro, Biólogo - Presidente de
FUNAM, Profesor Titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional
de Córdoba y Premio Nóbel Alternativo 2004 (RLA-Estocolmo, Suecia).
Referencias:
[1] Pérez García, S. & H. Medina. 2008. "Informe de investigación
sobre las operaciones de Monsanto en Argentina". Observatorio de las
Empresas Transnacionales de FOCO, Reporte n° 5, 12 p.
[2] Nuestro Agro. 2012. "Monsanto invertirá 1.600 millones en su nueva
planta de maíz en Córdoba". Editorial Nuestro Agro, Argentina, 18 de
junio de 2012, 2 p. Ver la página Web:
http://www.nuestroagro.com.ar/newsDetails.aspx?id=259
[3] El Liberal. 2012. "Monsanto anunció inversiones por más de 1.670
millones en la Argentina". Diario El Liberal, Santiago del Estero, 16 de
junio de 2012, 1 p.
[4] Robin, M. 2008. "Le monde selon Monsanto, de la dioxine aux OGM, une
multinationale qui vous veut du bien". Ed. Decouverte & Arte
Editions, Paris.
[5] Santamarta, J. 2004. "Los transgénicos en el mundo". World Watch, España, 5 p.
[6] Aranda, D. 2011. "15 años de soja: la prueba del delito". La Vaca, Buenos Aires, 11 p.
[7] Montenegro, R.A. 2006. "Informe sobre los efectos de los plaguicidas
en la salud humana y el ambiente. Necesidad de prohibir el uso de
plaguicidas agropecuarios en áreas urbanas y periurbanas". Ed. FUNAM y
Cátedra de Biología Evolutiva Humana, Córdoba, 58 p.
[8] Aizen, M.A.; L.A. Garibaldi & M. Dondo. 2009. "Expansión de la
soja y diversidad de la agricultura argentina". Ecología Austral, Vol.
19, pp. 45-54.
[9] WATT. 2011. "Soja argentina se destina a producir biodiesel". WATT Ag Net, Estados Unidos, 29 de abril de 2011, 1 p.
[10] Montenegro, R.A. 1999. "Introducción a la ecología urbana". Ed.
CEVEqU-GADU, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, 190 p.
[11] Cordone, G. "La Argentina solo repone el 37% de los nutrientes del
suelo". AIM Digital, Buenos Aires, 6 de julio de 2012, 4 p.
[12] Contra Punto. 2011. "El 'campo' y el 'gobierno' argentino unidos:
ambos sectores son cómplices del saqueo en el Sahara". Contra Punto,
Argentina, 8 de febrero de 2011, 4 p.
[13] Argen Bio, 2011. "Argentina: evolución de la superficie cultivada con OGM en miles de hectáreas". ArgenBio, 2011, 1 p.
[14] Rollán, A. 2008. "La soja en Córdoba superaría los cinco millones
de hectáreas". Diario La Voz del Interior, Córdoba, 29 de noviembre de
2008, p. A 8.
[15] Econ Link. 2009. "Datos de la producción de soja en Argentina: provincias". Econlink, 1 p. Ver la página Web:
http://www.econlink.com.ar
[16] Montenegro, R.A. 2004. "Latin American experiences in community
based assessments. Joint works with Ituzaingo Anexo neighbors in
Cordoba". Proceedings, 3rd. International Conference on Children's
Health and the Environment. London School of Hygiene and Tropical
Medicine, University of London (Gran Bretaña), p. 31.
[17] Citado por Primavesi, A. 1984. "Manejo ecologico do solo". Nobel
Ed., Sao Paulo, Brazil, p. 142. Ver Cuadro 5.1, en base a trabajos de
Dunger (1964) y Kevan (1965).
[18] Según J.J. Ibáñez, del Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC) de la Universidad de Valencia (España).
[19] En la causa madre y en la "tercer causa", esta última por loteo
ilegal sobre suelos potencialmente contaminados con plaguicidas y demás
sustancias tóxicas, el abogado patrocinante de FUNAM y de las Madres (y
vecinos) es el Dr. Carlos Nayi. La causa madre y la "tercera causa"
están radicadas en la Fiscalía del Dr. Carlos Matheu.
[20] En el juicio o "segunda causa" se juzga la aplicación ilegal de
plaguicidas. FUNAM participó del debate y elaboración de la Ordenanza
10590/2003 que prohibió la aplicación de plaguicidas en barrio Ituzaingó
Anexo, y logró –tras presentar un informe técnico a la legislatura de
Córdoba- que ésta incluyera en la Ley de Agroquímicos 9164/2004 una
franja periurbana de 500 metros vedada para la aplicación terrestre de
plaguicidas de las Clases Toxicológicas Ia, Ib y II; de 1500 metros para
la aplicación aérea de plaguicidas de la Clases Ia, Ib y II, y de 500
metros para la aplicación aérea de plaguicidas de las Clases III y IV.
FUNAM solicitaba prohibición total de aplicación terrestre y aérea para
una franja de 2500 metros. En ambos casos las propuestas técnicas de
FUNAM fueron apoyadas por las Madres de barrio Ituzaingó Anexo. La
violación de la ordenanza municipal 10590, de la ley provincial 9164 y
de la ley nacional 24051 sobre residuos peligrosos son claves para el
juicio que se sustancia en Tribunales II.
[21] FUNAM está acompañando la resistencia pacífica de grupos de
vecinos, vecinas y estudiantes de Malvinas Argentinas que se oponen al
proyecto, y que exigen el cumplimiento a rajatabla de las leyes
vigentes.
[22] Ciciolli, R. 2007. "Se hizo justicia para Silvino Talavera. Dos
años de cárcel para sojeros que envenenaron a niño campesino". UITA,
Secretaría Regional Latinoamericana, 7 de julio de 2005, 2 p. Ver la
página Web:
http://www.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/dos-anios-de-carcel.htm
[23] Mathews, K. 2012. "Research firm blames Monsanto for bee deaths so
Monsanto buys it". Occupy Monsanto, USA, 30 April 2012, 2 p.
[24] Huff, E.A. 2012. "Poland beekeepers kick Monsanto out of the hive,
successfully ban bee-killing GM corn". Natural News, USA, May 29, 2012, 2
p.
[25] Gucciardi, A. & M. Barrett. 2011. "Monsanto declared worst
company of 2011". Natural Society, USA, December 5, 2011, 3 p.
[26] CONABIA es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología
Agropecuaria que funciona en el ámbito del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación. Se creó por Resolución 124/1991.
[27] SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se creó
por Ley Nacional n° 23899/1990.
[28] El AMPA (ácido aminometilfosfónico) es un derivado químico del herbicida glifosato