REDACCIÓN
Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, WWF y la
Sociedad Albacetense de Ornitología argumentan que la orden excluye la
evaluación de impacto ambiental, promueve el cultivo de regadío en zonas
sin agua y potencia la viña en espaldera, y por ese motivo interpondrán
una denuncia ante la Comisión Europea.
En su conjunto, la aplicación de esta orden es una vulneración sin precedentes de la normativa comunitaria y estatal en materia de impacto ambiental. Podría provocar un daño gravísimo a los acuíferos y el deterioro de los hábitats.
La Directiva de Hábitats en su artículo 6 obliga a la evaluación de las repercusiones de cualquier plan o proyecto que, de forma individual o en combinación con otros, pueda afectar de manera apreciable a los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 entre los que se encuentran las ZEPA. Estos proyectos consideran también las nuevas plantaciones de viñedo o su transformación de vaso a espaldera.
Sin embrago, la nueva orden sólo obliga de forma clara a la evaluación del impacto en los casos de transformación de secano a regadío, consolidación y mejora de regadío para superficies mayores a 50 ha (límite casi inalcanzable) y cuando sea necesario la instalación de una línea eléctrica aérea. Para los traslados de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA se realiza una excepción de evaluación en tanto no se alcance la superficie de viña preexistente al momento de declaración de las ZEPA realizado en 2005, sin tener en cuenta el lugar concreto, ni el tipo o el tamaño de la plantación. Además, esta orden imposibilita la evaluación del impacto de nuevos viñedos y del derivado de la acumulación de proyectos de transformación en diferentes parcelas, aunque sean pequeñas, obligación que recoge la Directiva de Hábitats.
Lo mismo ocurre con la instalación de espalderas, que queda autorizada bajo ciertos condicionantes que contradicen los estudios de la propia Junta y que producen un cambio radical del hábitat, que dificulta o imposibilita la ocupación de amplias zonas por las especies esteparias, como la avutarda y el sisón.
Alternativas posibles, legales y sostenibles
En el pasado Consejo Asesor de Medio Ambiente, las ONG ya advirtieron sobre las graves consecuencias que la aprobación de esta orden podía producir. Además, aportaron alternativas para garantizar un trámite sencillo y rápido a los agricultores garantizando el cumplimiento de la normativa y la conservación de los espacios protegidos.
La solución está en la aprobación de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000. Es en estos documentos donde se debe estudiar el tipo de desarrollo que resulta compatible con cada espacio en particular. De esta forma, las ZEPA con potencial vitivinícola podrían contar con una zonificación que permitiera a los servicios de calidad ambiental conocer el efecto que dichos proyectos pudieran tener, para tomar decisiones rápidas en cuanto a la necesidad o no de evaluación. Todo ello, sin olvidar que la instalación de nuevos viñedos de espaldera en regadío debe estar también supeditada a la disponibilidad de agua, que deberá fijarse en los Planes Hidrológicos de Cuenca, pendientes aún de aprobación.
Las ONG concluyen que “La Consejería de Agricultura no solo tiene la responsabilidad de fomentar y favorecer la actividad agraria, sino que debe garantizar la conservación del patrimonio natural, la Red Natura 2000 y los recursos hídricos. Apoyar el viñedo tradicional de secano, la elaboración de vinos de calidad y su comercialización basada en el gran valor añadido de la riqueza ambiental del entorno en el que se producen sería la mejor manera de alcanzar esos objetivos”.
La Directiva de Hábitats en su artículo 6 obliga a la evaluación de las repercusiones de cualquier plan o proyecto que, de forma individual o en combinación con otros, pueda afectar de manera apreciable a los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 entre los que se encuentran las ZEPA. Estos proyectos consideran también las nuevas plantaciones de viñedo o su transformación de vaso a espaldera.
Sin embrago, la nueva orden sólo obliga de forma clara a la evaluación del impacto en los casos de transformación de secano a regadío, consolidación y mejora de regadío para superficies mayores a 50 ha (límite casi inalcanzable) y cuando sea necesario la instalación de una línea eléctrica aérea. Para los traslados de viñedo de fuera a dentro de la ZEPA se realiza una excepción de evaluación en tanto no se alcance la superficie de viña preexistente al momento de declaración de las ZEPA realizado en 2005, sin tener en cuenta el lugar concreto, ni el tipo o el tamaño de la plantación. Además, esta orden imposibilita la evaluación del impacto de nuevos viñedos y del derivado de la acumulación de proyectos de transformación en diferentes parcelas, aunque sean pequeñas, obligación que recoge la Directiva de Hábitats.
Lo mismo ocurre con la instalación de espalderas, que queda autorizada bajo ciertos condicionantes que contradicen los estudios de la propia Junta y que producen un cambio radical del hábitat, que dificulta o imposibilita la ocupación de amplias zonas por las especies esteparias, como la avutarda y el sisón.
Alternativas posibles, legales y sostenibles
En el pasado Consejo Asesor de Medio Ambiente, las ONG ya advirtieron sobre las graves consecuencias que la aprobación de esta orden podía producir. Además, aportaron alternativas para garantizar un trámite sencillo y rápido a los agricultores garantizando el cumplimiento de la normativa y la conservación de los espacios protegidos.
La solución está en la aprobación de los planes de gestión de los espacios de la Red Natura 2000. Es en estos documentos donde se debe estudiar el tipo de desarrollo que resulta compatible con cada espacio en particular. De esta forma, las ZEPA con potencial vitivinícola podrían contar con una zonificación que permitiera a los servicios de calidad ambiental conocer el efecto que dichos proyectos pudieran tener, para tomar decisiones rápidas en cuanto a la necesidad o no de evaluación. Todo ello, sin olvidar que la instalación de nuevos viñedos de espaldera en regadío debe estar también supeditada a la disponibilidad de agua, que deberá fijarse en los Planes Hidrológicos de Cuenca, pendientes aún de aprobación.
Las ONG concluyen que “La Consejería de Agricultura no solo tiene la responsabilidad de fomentar y favorecer la actividad agraria, sino que debe garantizar la conservación del patrimonio natural, la Red Natura 2000 y los recursos hídricos. Apoyar el viñedo tradicional de secano, la elaboración de vinos de calidad y su comercialización basada en el gran valor añadido de la riqueza ambiental del entorno en el que se producen sería la mejor manera de alcanzar esos objetivos”.
Fuente: Redacción ambientum.com
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