martes, 13 de agosto de 2013

Las ONG ambientales denunciarán la nueva ley de especies exóticas en la Unión Europea



Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han denunciado que el Real Decreto por el que se regula el catálogo de especies exóticas invasoras, aprobado este viernes en Consejo de ministros, es un "grave retroceso para la biodiversidad", según han informado en un comunicado conjunto.
En concreto, señalan que el problema reside en la supresión de los animales exóticos con potencial invasor, que incluye un buen número de animales causantes de graves daños ambientales y socioeconómicos, del nuevo Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, que sí se considera en la normativa actual.
En opinión de las asociaciones, la nueva legislación beneficia los intereses privados de la industria peletera, a grupos de presión con intereses en la explotación cinegética y piscícola, así como a empresas que comercian con especies exóticas de flora y fauna, frente al patrimonio natural y a los intereses públicos.
En este sentido, explican que la normativa propuesta no prohíbe las actuaciones con especies como el visón americano o la trucha arco iris, que ponen en peligro a especies autóctonas en peligro de extinción. En concreto, la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) está incluida dentro de la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, elaborada por el organismo internacional de expertos sobre invasiones biológicas de la UICN, según han remarcado los ecologistas.
En la misma línea, las ONG denuncian que se permitirá, en prácticamente todas las provincias españolas, la apertura de granjas para la cría de visón americano, que, en su opinión, "además de un feroz competidor" de las especies autóctonas, es portador de enfermedades que pueden "transmitirse a humanos" y a animales autóctonos.
Además, consideran que estas medidas pueden tener un coste futuro para el erario público de más 100 millones de euros en los próximos 10 años sólo en gastos directos de erradicación.
Finalmente, las ONG ambientales denunciarán este Real Decreto a la Unión Europea y estudiarán recurrirlo ante la justicia para corregir algunas de sus graves lagunas.

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