ECOagricultor el 2 octubre, 2013
“El ‘libre comercio’, especialmente entre los países enriquecidos y empobrecidos, no es otra cosa que la libertad del zorro en el gallinero,
la implantación planetaria de feroces normas de negocios que, en la
práctica, se asemeja a una manada de depredadores al acecho de sus
presas“. Así justifica la presidenta honorífica de ATTAC-Francia, Susan
George, la necesidad de la implantación del llamado Comercio justo, en
el prólogo del informe anual sobre este sector que se ha presentado esta
mañana.
Con este informe se pretende abordar
cuál es el estado del sector en su conjunto, aplicado a las relaciones
de España con los países productores. Según ha explicado Gonzalo
Donaire, miembro de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, la facturación de este tipo de productos se ha incrementado un 6% en 2012 respecto al año anterior, y sus ventas, desde el año 2000, se han multiplicado por cuatro.
El comercio justo es una forma de
producción, distribución y comercialización de productos en cuyo proceso
se establece una relación voluntaria, justa y equitativa entre
productores (establecidos en las regiones más pobres de África y
América) y consumidores (los países industrializados). Esta forma de
comercio rechaza la explotación laboral, las relaciones abusivas, el trabajo infantil o los precios que no contribuyan a que los productores puedan tener unas condiciones de vida dignas. En este sentido, Donaire ha recordado que la mitad de las personas más pobres del mundo son, paradójicamente, pequeños productores o agricultores que producen el 70% de la alimentación mundial.
Los productos de este sector en la mayor
parte de Europa están certificados con el sello de Fairtrade, lo que
posibilita que puedan venderse en cualquier establecimiento con la
garantía de que cumplen los requisitos exigidos. Pero en España, al
comenzar a implantarse este tipo de comercio alternativo en los años 80,
con 20 años de retraso respecto al resto del continente, no todos lo tienen.
Esto quiere decir que, sin esta certificación, únicamente las tiendas
que pertenecen a las organizaciones de comercio justo pueden venderlo
con la garantía de que se han producido en condiciones de equidad y
justicia. Y si lo tienen, puede comercializarse en cualquier lugar.
Los productos de este sector en la mayor
parte de Europa están certificados con el sello de Fairtrade, lo que
posibilita que puedan venderse en cualquier establecimiento con la
garantía de que cumplen los requisitos exigidos. Pero en España, al
comenzar a implantarse este tipo de comercio alternativo en los años 80,
con 20 años de retraso respecto al resto del continente, no todos lo tienen.
Esto quiere decir que, sin esta certificación, únicamente las tiendas
que pertenecen a las organizaciones de comercio justo pueden venderlo
con la garantía de que se han producido en condiciones de equidad y
justicia. Y si lo tienen, puede comercializarse en cualquier lugar.
Gonzalo Donaire ha querido destacar
también la creciente participación de las grandes superficies y los
supermercados a la hora de vender los productos con el sello Fairtrade,
que en un 90% están vinculados a la alimentación, especialmente café y dulces.
Gracias a estos establecimientos se ha conseguido facturar casi el 50%
de los 28,3 millones de euros ingresados en 2012. Una colaboración cada
vez más activa que choca con la actitud de la Administración Pública,
que, según Donaire, actualmente tiene un papel “escaso, por no decir
nulo, como consumidor de Comercio Justo. Algo que contrasta con la
colaboración pública en otros países cuya implantación ya está
asentada“.
Contrarrestar la dinámica capitalista
Con la defensa de este modelo económico-comercial alternativo se pretende denunciar y contrarrestar la dinámica propia del sistema capitalista actual, esencialmente abusiva.
“Prácticamente todos los acuerdos bilaterales o multilaterales
actualmente en vigor incluyen cláusulas que permiten a las empresas
transnacionales exigir a los gobiernos reparaciones en caso de que
aprobasen cualquier ley o normativa que pudiera limitar sus beneficios
presentes o incluso los esperados“, denuncia Susan George.
Estos acuerdos también a los gobiernos a
reducir o eliminar sus aranceles, lo que somete a los productores
locales a la presión de la competencia extranjera, aunque con menor
facilidades fiscales y menos recursos económicos para hacerles frente.
Una realidad que termina por hacerlos desistir y, o bien someterse a las
condiciones abusivas a las que les obligan las circunstancias, o bien
tratar de encontrar otra forma de ganarse la vida. Aquí reside la
relevancia de fomentar el comercio justo o, como apunta Susan George, “cualquier otra estrategia que ayude a liberar a un país y a su gente de las garras de las transnacionales y de los bancos“.
María Cappa, La Marea
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