ECOagricultor el 31 mayo, 2013
La transnacional presentó una
demanda penal contra integrantes de organizaciones y movimientos
sociales en 2005. La decisión del Tribunal de Justicia (TJ) demuestra el
reconocimiento de la legitimidad de los sujetos colectivos de derechos a
través del proceso de democratización de la sociedad brasileña.
La transnacional Monsanto está en más de
80 países, domina aproximadamente el 80% del mercado mundial de
semillas transgénicas y agroquímicos. En diferentes continentes, la
compañía acumula acusaciones por violaciones de derechos, por omisión de
información sobre el proceso de producción de venenos, exigencia
indebida de royalities, y la imposición de un modelo de agricultura
basado en monocultivos, la degradación ambiental y el uso de
agroquímicos.
En Brasil, la invasión de las semillas
genéticamente modificadas comenzó hace una década, con mucha resistencia
por parte de los movimientos sociales, investigadores y organizaciones
de la sociedad civil. En Paraná, la compañía Monsanto utilizó la vía de
la criminalización de los militantes como una forma de responder a los
que se oponían a los transgénicos..
El pasado jueves (23), los jueces
(desembargadores) del Tribunal de Justicia (TJ) absolvieron por
unanimidad a cinco militantes acusados injustamente por Monsanto de ser
mentores y autores de presuntos delitos ocurridos en 2003.
La transnacional entró como asistente de
acusación, en la acción penal, en respuesta a la manifestación de 600
participantes de la 2 ª Jornada de Agroecología en la estación
experimental de la empresa, en Ponta Grossa, para denunciar y protestar
contra la entrada de semillas transgénicas en el estado, las
investigaciones ilegales y otros delitos ambientales cometidos por la
empresa.
Fueron acusados Celio Leandro Rodrigues y
Roberto Baggio, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra –
MST, José María Tardim, en la época integrante de la AS-PTA –
Agricultura Familiar y Agroecología, Darci Frigo, de la Tierra de
Derechos, y Joaquim Eduardo Madruga (Joka), fotógrafo vinculado a los
movimientos sociales.
En una clara señal de criminalización,
la transnacional atribuyó a la manifestación, realizada por más de 600
personas, como responsabilidad de apenas cinco personas, utilizando como
argumento la relación genérica de los acusados con los movimientos
sociales.
Por el contrario, la decisión del
Tribunal de Justicia demuestra el reconocimiento de legitimidad de los
sujetos colectivos de derechos en la sociedad brasileña. Según José
María Tardim, coordinador de la Escuela Latinoamericana de Agroecología y
de la Jornada de agroecología de Paraná, el acto en la sede de Monsanto
en 2003 y posterior ocupación permanente del área llamó la atención a
nivel nacional e internacional sobre la ilegalidad de las
investigaciones con transgénicos.
En los años posteriores a las denuncias,
la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) y el equipo
técnico vinculado con el gobierno del estado, realizaron estudios
detallados de los procedimientos de la transnacional. Confirmando
ilegalidades que violaban la legislación de bioseguridad vigentes.
La zona fue ocupada por trabajadores sin
tierra durante un año aproximadamente. En este período, los campesinos
organizaron el Centro Chico Mendes de Agroecología y cultivan semillas
criollas cultivadas. Para Tardim, la agroecología es el “camino de la
reconstrucción ecológica de la agricultura, combatiendo políticamente el
modelo del agronegócio y del latifundio.”
Criminalización
La denuncia de Monsanto se fundamentó
apenas en artículos de prensa, sin ninguna otra prueba. Así, con otras
acciones jurídicas que utilizan la misma lógica, el proceso se basa en
la criminalización de los miembros de los movimientos sociales en
situaciones de manifestación.
La compañía participó como asistente
privado en el proceso, lo que ocurre produce excepcionalmente en
procesos penales, ya que el Ministerio Público entro como titular. “Este
caso presenta un serio riesgo cuando las grandes empresas comenzaron a
tomar el papel del Estado.
Ellas desequilibran la situación por el
peso económico y político que ejercen sobre los agentes de lo públicos
“, dice Darci Frigo, coordinador de Tierra de Derechos, considerando
también la influencia de Monsanto sobre el parlamento para la aprobación
de leyes en Brasil.
Los trabajadores fueron defendidos por
Tierra de Derechos, con el apoyo del profesor Juarez Cirino dos Santos.
El Programa Nacional de Protección a los Defensores de Derechos Humanos
se pronunció a lo largo del proceso contra la criminalización de los
militantes. Por otra parte, Monsanto contrató al despacho del profesor
René Dotti para hacer la acusación.
El Mundo contra Monsanto
Más de 50 países se adhirieron a la “Marcha contra Monsanto”
el pasado sábado (25), en protesta contra la manipulación genética y el
monopolio multinacional de la agricultura y la biotecnología. La
campaña en contra de la compañía tuvo como detónate el suicidio de
agricultores indios, que se endeudan después de haber sido forzada por
el mercado a entrar en la lógica de producción del agronegócio,
convirtiéndose, años más tarde, rehenes de las semillas genéticamente
modificas, agroquímicos y otros insumos vinculados esta lógica
productiva.
Con sede en el estado de Missouri
(EE.UU), Monsanto despunta como líder en el mercado de semillas y
denunciada en esta marcha por no tener en cuenta los costos sociales y
ambientales asociados a su actuación, además de ser acusada de
biopiratería y manipulación de datos científicos a favor de los
transgénicos.
La compañía es líder mundial en la
producción de agroquímicos, glifosato, vendido bajo la marca Roundup.
Brasil es el segundo mayor consumidor de los productos de la Compañía,
quedando atrás de la matriz americana. El beneficio de la filial
brasileña en 2012 fue de R 3,4 Billones de reales
Syngenta
En Paraná, la transnacional Syngenta
también fue denunciada por los movimientos sociales por llevar a cabo
experiencias y siembra ilegal de cultivos transgénicos en el municipio
de Santa Tereza do Oeste, en el área de amortiguación del Parque
Nacional de Iguazú. Durante la ocupación del área, los guardias de
seguridad contratados por la empresa asesinaron a un trabajador rural
sin tierra. Seis años después, el caso sigue impune.
El IBAMA impuso una multa de un millón
de reales a la empresa por la realización de experimentos ilegales con
transgénicos en la zona, sin embargo, el importe no ha sido pagado. La
lucha de los movimientos sociales dio lugar a la expropiación de la zona
para la creación del Centro de Agroecología, que lleva el nombre del
militante asesinado, Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno.
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