ECOagricultor el 5 septiembre, 2013
El 19 de agosto, las
organizaciones campesinas colombianas iniciaron un paro nacional
agrario. Bloquearon carreteras, regaron leche sobre los automóviles y
básicamente dejaron de producir comida para las ciudades. ¿El problema?
Que están siendo asfixiados por las políticas gubernamentales.
El Estado no proporciona casi ningún
apoyo al sector campesino de pequeña escala. Al contrario, promueve un
modelo económico y social que sirve a los intereses de una acaudalada y
minoritaria élite. Los tratados de libre comercio (TLC) firmados
recientemente con Estados Unidos y la Unión Europea están atentando
contra los productores colombianos, que no pueden competir con las
importaciones subsidiadas. El gobierno colombiano ha estado promoviendo
activamente los acaparamientos de tierra por parte de las grandes corporaciones,
muchas de ellas extranjeras (Monica Semillas de Brasil, Merhav de
Israel, Cargill de EUA), con el fin de impulsar los agronegocios
orientados a la exportación a expensas de los cultivos familiares
orientados a la soberanía alimentaria.
Los manifestantes argumentan que es
necesario proporcionarle un respaldo real al sector campesino,
especialmente un acceso a la tierra y menores costos de producción. Si
no ocurre esto, los productores de café, papa, carne y lácteos, por no
mencionar a los pescadores en pequeña escala, no tendrán cómo continuar
trabajando. Hay expulsión y exterminio. Ya puestos contra la pared, la
movilización comenzó en una parte del país en junio y creció hasta
convertirse en una acción coordinada a nivel nacional en agosto.
El paro agrario fue apoyado muy pronto
por otros sectores: los obreros de la industria petrolera, los mineros,
los transportistas, los profesionales del sector salud y otros. El 29 de
agosto, a diez días de comenzado el paro, más de 20 mil estudiantes se
unieron al movimiento y bloquearon Bogotá, la capital del país. La
respuesta del gobierno fue caótica y contradictoria. Las fuerzas
policiacas reprimieron violentamente hiriendo a muchos de los
manifestantes, por no mencionar a los periodistas. Más de 250 personas
fueron arrestadas, incluido el dirigente sindical de alto nivel Hubert
Jesús Ballesteros Gómez. A la mayoría le fabricaron cargos. Hubo
muertos de ambos lados. En un momento el gobierno reconoció que los
agravios reclamados por los campesinos eran válidos y ofreció algunas
concesiones. En otro, alegó que el movimiento estaba infiltrado por las
FARC. El presidente Santos apareció incluso en televisión diciendo: el
“paro agrario no existe”. Al día siguiente, se le filmó desde un
helicóptero inspeccionando las escaramuzas y las rociadas con gas
lacrimógeno que ocurrían en las calles de Bogotá.
La movilización tuvo tanto éxito que
abrió un espacio de discusión, concientización, solidaridad y
resistencia en Colombia. Los estudiantes, por ejemplo, entendieron muy
bien que había que respaldar a los campesinos y apoyar sus demandas. Y
con la voz en alto impugnaron los OGM y exigieron soberanía alimentaria.
Pero también elevaron sus propias demandas en favor de una educación
gratuita, haciendo de la movilización una oleada más amplia de presión
social para cambiar las actuales políticas colombianas, sin limitarse a
las preocupaciones agrarias.
La ley 970
Las semillas emergieron como uno de los
puntos más visibles. Según los TLC firmados con Washington y con
Bruselas, Colombia debe impulsar derechos monopólicos legales sobre las
semillas que venden las corporaciones estadounidenses y europeas, como
incentivo para que estas corporaciones inviertan en el país. Los
campesinos a quienes se sorprenda vendiendo semillas guardadas de
variedades protegidas, o incluso semillas nativas que no hayan sido
registradas formalmente, podrían enfrentar multas e incluso penas en la
cárcel.
Al igual que ocurre en muchos otros países del mundo, criminalizar a los campesinos e indígenas por guardar, intercambiar y vender sus propias semillas pone en grave riesgo la biodiversidad y el patrimonio cultural del país.
Y aunque lo cierto es que el gobierno
colombiano lleva varios años moviéndose en esta dirección, y accedió a
dichas políticas como parte de su membresía en la Comunidad Andina o en
la Organización Mundial de Comercio, muchas personas señalan que es sólo
a partir de la firma de los tratados con Estados Unidos y la Unión
Europea que el gobierno emprendió una implementación seria de tales
políticas.
En 2011, las autoridades colombianas
asaltaron las bodegas y los camiones de los productores arroceros de
Campoalegre, en la provincia de Huila, y destruyeron con violencia 70
toneladas de arroz que se decía que no había sido procesado de acuerdo
con las normas. La intervención militar para destruir semillas
campesinas sorprendió a muchisima gente e inspiró a la joven activista
Victoria Solano a realizar un film al respecto. La película se intitula “9.70”
porque ése es el número de la ley adoptada en 2010 que articula el
“derecho del Estado a destruir las semillas de los campesinos que no
cumplen con las disposiciones. Hoy, gracias a la fuerza, la tenacidad y
lo justo de la protesta campesina, gente de todas las vertientes que
conforman Colombia están discutiendo, como puede verse en el film, los
medios masivos, las redes sociales y en las calles, y se preguntan por
qué el gobierno impulsa políticas tan insensatas.
Apoyemos el movimiento
No hay duda alguna de que los campesinos
colombianos pueden alimentar muy bien al país, de una forma que
proporciona empleos, dignidad y un ambiente saludable. Pero el gobierno
está tan firmemente atado a un modelo económico que sirve a los
intereses de sus amigotes que se niega a impulsar el cultivo familiar de
pequeña escala. Debemos todos apoyar la lucha popular agraria en
Colombia para darle la vuelta al modelo. No es demasiado tarde todavía.
Una acción concreta, el documental “9.70” —que pueden ver en línea en castellano en http://youtu.be/kZWAqS-EL_g
— busca fondos para producir una versión con subtítulos en inglés de
tal modo que más gente por todo el mundo pueda entender lo que los
campesinos colombianos enfrentan, y así los apoyemos en su lucha por
derrotar tales políticas. La más mínima contribución ayuda. Entren por
favor a http://idea.me/proyectos/9162/documental970 para participar. ¡La fecha límite es el diez de septiembre!
Otra acción significativa es que la
Coordinadota Latinoamericana Organizaciones del Campo, de la Vía
Campesina, busca iniciativas de solidaridad internacional para respaldar
el paro. Entren por favor en http://goo.gl/9u6RXJ, para saber más. De nuevo, es crucial el tiempo para hacerlo.
Más allá de Colombia, la disputa en
torno a legislaciones de semillas semejantes se recrudece en los altos
niveles políticos y por todo el campo, en Argentina y Chile también. Una
preocupación es que los más agresivos elementos adoptados por el
gobierno de Colombia se puedan colar también a otros países
latinoamericanos. Es en verdad urgente erradicar estas leyes.
Para profundizar- “La historia detrás del 970“, Semana, Bogotá, 24 de agosto 2013
- Grupo Semillas, “Colombia: Las leyes que privatizan y controlan el uso de las semillas, criminalizan las semillas criollas“, Bogotá, 26 de agosto 2013
- Julia Duranti, “A struggle for survival in Colombia’s countryside“, 30 de agosto 2013
Visiten el sitio electrónico de bilaterals.org para una cobertura mayor del paro agrario y de la lucha en torno a la Ley 970
Para mayor información en torno a las leyes de semillas en Colombia, por favor contacten al Grupo Semillas en semillas@semillas.org.co o visiten su sitio electrónico.
Para saber más de la lucha que está ocurriendo en Chile, contacten a Anamuri, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, secretariag@anamuri.cl.
Para mayor información de lo que ocurre en Argentina, por favor contacten a Diego Montón de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, de La Vía Campesina, secretaria.cloc.vc@gmail.com
