Un Parque Nacional del Congo, hogar de gorilas, amenazado por la búsqueda de petróleo

20/8/2013

Internacional

REDACCIÓN

redaccion@ambientum.com

WWF ha denunciado que el parque nacional más antiguo de África, el Virunga, en la República Democrática del Congo, donde viven un cuarto de todos los gorilas de montaña del mundo, está amenazado por la búsqueda de petróleo.

En este sentido, ha explicado que el Gobierno de este país ha concedido permisos para explorar en busca de petróleo en el 85%  de los 7.800 km² que cubre este enclave reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, una superficie similar a la Comunidad de Madrid.
Los ecologistas han señalado a la petrolera británica Soco International PLC como la compañía que ha anunciado sus planes para realizar las exploraciones y los reconocimientos aéreos podrían empezar en cualquier momento, según ha alertado la ONG. Por ello, ha creado una petición online (wwf.es/sosvirunga y #sosvirunga) para que los "ciudadanos de todo el mundo firmen para mostrar su rechazo".
En esta línea, la entidad ha presentado el estudio "El valor económico del Parque Nacional de Virunga" que revela que este espacio protegido tiene el potencial de crear "45.000 puestos de trabajo permanentes" y de generar unos "830 millones de euros anuales" si se optara opta por un modelo de desarrollo sostenible a través de inversiones en energía hidroeléctrica, la industria pesquera de los lagos y el ecoturismo.
Además, el informe también denuncia los que, en opinión de la aociación, serían los graves impactos que podría suponer la explotación de petróleo en Virunga, como contaminación de los acuíferos, inestabilidad social en la zona, pérdida del ecoturismo o fragmentación del hábitat, afectarán a sus "valiosas" especies, como son los gorilas --en peligro crítico--, 700 especies de aves, 109 de reptiles y 78 de anfibios.
Finalmente avisa de que, aparte de los impactos ambientales, podría tener consecuencias devastadoras para las 5.000 personas de las comunidades locales que dependen del parque para conseguir pescado, agua potable y otras necesidades.

Fuente: Redacción Ambientum / EP

Hasta 60 millones de euros de multa para quienes se autoabastezcan de electricidad sin pagar a Iberdrola

ECOagricultor el 3 agosto, 2013 

La nueva reforma energética del Gobierno tendrá muchos efectos colaterales. Entre ellos la de crear un nuevo colectivo de forajidos: los “delincuentes solares”. Así se desprende del Real Decreto (RD) sobre autoconsumo y producción con autoconsumo hecho público. En el mismo, quien tenga una placa solar en su tejado o cualquier otro sistema de producción de electricidad renovable propio deberá registrarse para empezar a pagar el nuevo “peaje de respaldo” (término acuñado por Iberdrola). Quien no lo haga podrá ser sancionado hasta con 60 millones de euros.

Es evidente la desproporción de la medida y solo puede responder a la exigencia de las grandes compañías eléctricas, con Iberdrola a la cabeza (#Tepillamosiberdrola). La intención es cortar de raíz cualquier posibilidad de autonomía energética de los consumidores, lo que iría en contra de los intereses económicos de Iberdrola y del resto de compañías de UNESA. Ya solo faltaría que cada vez más ciudadanos se pusieran a generar su propia electricidad en casa (que ahora es más barata) y dejarán de consumir la que procede de las centrales térmicas de gas, carbón o nucleares de estas grandes empresas. ¡Qué osadía!

Este RD tendrá consecuencias. La primera: muchas personas directamente quitarán las placas solares de sus tejados. Aunque también, tendrá el efecto contrario: hará que otros decidan no cumplir la norma y pasarán a ser considerados como delincuentes solares. A pesar de que el sol pertenece a todos, España pasará a ser el primer país del mundo donde éste no pueda usarse libremente. Y esto gracias a Iberdrola y a UNESA. Pero lo peor es que ha sido ratificado mediante texto legal por nuestro Gobierno.

Por desgracia el RD sobre autoconsumo no es el único que pretende terminar con el futuro renovable y sostenible de nuestro país. En dos semanas el Gobierno, vía la Comisión Nacional de Energía, ha remitido 14 textos normativos que quieren ser la reforma energética “definitiva”. En un ejercicio de falta de transparencia y participación pretenden que ciudadanos y consumidores aceptemos un despropósito de tal calibre. De ser finalmente validadas estas normas y leyes, nos harán retroceder al vagón de cola en cuestiones de energía. Por eso, Greenpeace y el resto de organizaciones ecologistas han hecho saber al Gobierno su rechazo frontal a la reforma. Desde Greenpeace vamos a seguir trabajando para devolver a España a la senda que lideró, y que ahora es seguida por países como Alemania o Dinamarca. Esto es, alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable lo antes posible.

Julio Barea @juliobarea, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

La propuesta de Real Decreto cierra las puertas al autoconsumo y perjudica a empresas y consumidores

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Retrasa la introducción de competencia en el sector, merma la libertad de elección de los consumidores, además de perjudicar la competitividad empresarial. Se cierran las puertas al autoconsumo y a la generación distribuida en redes eléctricas inteligentes. El Real Decreto es contrario a las Directivas Europeas 2002/91/CE ,2012/27/CE, 2009/72/CE, 2009/28/CE

La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético valora muy negativamente la reforma que supone el contenido de esta Propuesta de RD. Las asociaciones que la componemos llevamos esperando una regulación clara y sin ambigüedades de las modalidades de suministro mediante Autoconsumo. Con carácter general, entendemos que el mismo contiene disfunciones e incoherencias que impiden el cumplimiento de sus objetivos, y que por tanto deberían ser tenidas en cuenta.

Son tales las disfunciones detectadas en la Propuesta de RD que, al contrario que en los países de nuestro entorno, en el caso español puede provocar una paralización total de la industria fotovoltaica, eólica de pequeña y media potencia y de otras tecnologías renovables aplicadas al autoconsumo, como consecuencia de la indebida creación de los nuevos peajes bajo el concepto de “Peajes de respaldo”, que, en la práctica, hacen inviable el autoconsumo. Se niega la contribución del autoconsumo a la eficiencia energética del sistema, con la consecuencia de que tales instalaciones de autoconsumo se ven penalizadas con cargo a la red de transporte y distribución, sin que lleguen a emplearla.

Asimismo, la Propuesta de RD incurre también en una infracción del Derecho Comunitario aplicable, en relación con la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, del mercado interior de la electricidad y también con respecto a la Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Además, la nueva norma no resuelve la inseguridad jurídica existente y es contraria al fomento de la competitividad empresarial, al impedir que una pequeña industria quiera invertir en optimizar su factura eléctrica. En definitiva hace primar el interés particular contra el interés general.

En otro sentido, la Plataforma considera que el Real Decreto dificulta muy seriamente cualquier política activa a favor de la eficiencia energética, que es una de las formas de ahorro más viables para nuestro país, y pone muy en entredicho un objetivo clave de la Comunidad Europea para el año 2020, como es lograr una mejora del 20% en la eficiencia energética hasta esa fecha.

Por todo ello, desde la Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético solicitamos que se tengan en consideración nuestras alegaciones, de cara a una modificación del Real Decreto y para evitar la paralización en el sector del autoconsumo. Creemos que estamos aún a tiempo de evitar los problemas que comporta la propuesta de Real Decreto para nuestro sector. Además estamos convencidos de que nuestra solicitud está alineada con el interés de los consumidores y apelamos a la Directiva 2009/28/CE de 23 de abril de fomento del uso de energía procedente renovables, que exige que los peajes no supongan una discriminación de la electricidad procedente de fuentes de energía renovable y que fomenten la generación distribuida.

El desarrollo de un modelo de generación distribuida apoyado en el autoconsumo con balance neto y en el autoconsumo instantáneo sin vertido a red debería servir como vector básico para el despliegue de las redes eléctricas inteligentes y aportaría un importante valor al país en su conjunto, estimularía localmente el empleo y la actividad económica, sería además un factor más de eficiencia y competitividad para toda la industria y servicios, cumpliendo así con los objetivos fijados por la Unión Europea. Todo ello dirigido a los objetivos ambientales suscritos por el Estado y disminuyendo, además, la dependencia energética futura en combustibles importados. En suma, se trata de una ocasión perdida para desarrollar un mercado eléctrico más competitivo y centrado en el consumidor, mejorar nuestra competitividad, crear empleo duradero y de valor añadido en nuestro país.

Fuente: Redacción Ambientum / PIGDAE

Nueva situación de emergencia por la filtración de agua radiactiva en Fukushima

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El director de la Autoridad Nacional de Regulación Nuclear japonesa, Shinji Kinjo, ha reconocido este lunes que el agua radiactiva contaminada por los reactores de la central nuclear de Fukushima-1 está probablemente filtrándose hacia el mar pese a las medidas adoptadas, lo que supone una situación de "emergencia" que la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio (TEPCO), responsable de la gestión de la planta, no está afrontando adecuadamente.

"Ahora mismo tenemos una situación de emergencia", ha afirmado Kinjo en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, al tiempo que ha reconocido que hay "una posibilidad bastante alta" de que el agua radiactiva subterránea se haya filtrado por encima de la barrera química que están levantando los técnicos.
El agua contaminada almacenada bajo la central nuclear de Fukushima-1 se estaría filtrando hacia el mar a niveles de hasta 1 metro bajo la superficie terrestre, muy por encima de la barrera química que están levantando los técnicos para impedir filtraciones y que sólo es efectiva a partir de 1,8 metros a partir de la superficie, según reveló este fin de semana el diario japonés “Asahi”.
Kinjo ha señalado que esta barrera química sólo estaría retrasando el vertido de agua radiactiva en el mar, un problema que sólo irá a más, ha argumentado.
Se estima que diariamente unas 400 toneladas de aguas subterráneas entran en contacto con el agua radiactiva utilizada para enfriar los reactores de la central nuclear. TEPCO espera tener listo para finales de este mismo mes un sistema de bombeo para extraer el agua contaminada.
TEPCO cree que sería necesario bombear unas 100 toneladas de agua diarias para evitar vertidos al océano, pero la propia compañía reconoce que no saben dónde podrían almacenar este agua, ya que más del 85% de la capacidad de almacenaje de la central, estimada en 380.000 toneladas, está ya cubierta.
El Gobierno japonés ayudará a TEPCO
El Gobierno de Japón anunció el miércoles que ayudará a la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) a contener las fugas de agua radiactiva de la central nuclear de Fukushima-1, que han sido continuas en los últimos meses.
En la rueda de prensa celebrada el miércoles, el jefe del Gabinete, Yoshihide Suga, explicó que el Gobierno considera un problema grave las fugas de agua radiactiva de Fukushima-1, por lo que ha decidido cooperar con TEPCO para frenarlas.
En concreto, el portavoz gubernamental ha indicado que el primer ministro, Shinzo Abe, ordenará al Ministerio de Economía, Comercio e Industria --que debe supervisar a TEPCO-- que se implique directamente en la solución.
Suga ha revelado que el Gobierno sopesa incluso destinar fondos públicos para detener las fugas de agua radiactiva de Fukushima-1, aunque no ha detallado la cantidad.
La prensa japonesa, por su parte, ha indicado que el dinero se utilizaría para congelar el suelo que rodea la central nuclear, un proyecto valorado en 40.000 millones de yenes (309 millones de euros).
La prefectura de Fukushima había pedido al Gobierno que garantizara que TEPCO está adoptando las medidas adecuadas para contener las fugas de agua radiactiva al subsuelo y a la costa, de acuerdo con la televisión pública, NHK.
Desde el pasado mes de abril, TEPCO ha informado de varias fugas de agua radiactiva desde la central nuclear, aunque en niveles inocuos para la salud humana y para el medio ambiente.
La compañía eléctrica estudia desde entonces varios planes de contingencia, que pasan por verter el agua contaminada al océano, algo a lo que se han negado las autoridades locales, o construir un "muro helado" alrededor de Fukushima-1 para contener las fugas.
Al parecer, las fugas proceden de los siete tanques que TEPCO ha ubicado alrededor de Fukushima-1 para almacenar el agua contaminada que se ha estado usando para enfriar y estabilizar los reactores nucleares.

Fuente: Redacción Ambientum / EP

La Guardia Civil desarticula un grupo que introducía especies no autóctonas de caza mayor en el medio natural

Ciervos

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo que se dedicaba a la introducción y suelta de especies no autóctonas de caza mayor en el medio natural, dentro de la operación “RONO”, por la que han sido detenidas 14 personas e imputadas otras dos.

Entre los detenidos se encuentran personas residentes en las localidades de Artica-Berrioplano (Navarra), Zarza la Mayor (Cáceres), Valdetorres del Jarama (Madrid), Villanueva de Infantes (Ciudad Real), Zaragoza y Madrid, por delitos relativos a la protección de la fauna, flora y animales domésticos. Otras dos personas de Madrid y Ciudad Real han sido imputadas por los mismos delitos.
La Benemérita ha señalado que se han inmovilizado 22 especímenes de ciervo que provenían de una granja alemana y otros 25 procedentes de las fincas implicadas en la operación. Los animales, que eran liberados en los terrenos de estos cotos para "renovar las líneas genéticas de las especies autóctonas y mejorar sus trofeos", ya están puestos a disposición judicial para la realización de las pertinentes pruebas periciales y científicas.
Las investigaciones, según ha indicado, se iniciaron a principios de año cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) tuvo conocimiento de que una persona, residente en Navarra, había ofrecido ejemplares de animales de caza mayor a los titulares de varios cotos privados de caza de Ciudad Real.
La trama comenzaba con el traslado de los animales, desde su lugar de procedencia a través de transportistas de ganado que disponían de la autorización internacional. Posteriormente, una vez obtenidos los certificados intracomunitarios necesarios, se alteraba el número de autorización administrativa y su destino para poder soltarlos en terrenos enclavados en comunidades autónomas que tienen restringidas estas sueltas, según ha informado la Guardia Civil.
Por su parte, los propietarios de las fincas implicadas a las que iban destinados los animales, se encargaban de solicitar autorizaciones para realizar sueltas de ejemplares de la misma especie, procedentes de fincas ubicadas en España y que disponían de los controles sanitarios necesarios para tener un respaldo documental ante la Administración en caso de inspección, según ha declarado. Sin embargo, las sueltas autorizadas "nunca llegaban a producirse y sólo se soltaba a los animales introducidos ilegalmente".
Además, durante el transcurso de la investigación, la Benemérita ha constatado que en dos de los transportes realizados se introdujeron varios ejemplares infectados de tuberculosis, "provocando un riesgo de contagio para la fauna cinegética y la ganadería de la zona".
El objetivo de esta actividad, según ha explicado la Guardia Civil, era "obtener mayores rendimientos económicos, aprovechando el hecho de que los cazadores aprecian los trofeos de los animales abatidos según su tamaño". "Los detenidos ignoraban que las piezas adquiridas eran especímenes alóctonos o hibridados que, en ningún momento, podrían superar los controles de las Juntas de Homologación de Trofeos de Caza", ha apostillado.
Consecuencias negativas en el equilibrio ecológico
Asimismo, ha destacado que la introducción de estos ejemplares en los ecosistemas de la geografía española "sin las debidas garantías sanitarias" puede tener consecuencias negativas sobre el equilibrio ecológico de la zona en la que se produce la suelta y favorecer la hibridación de la fauna autóctona con la que entran en contacto.
Ha asegurado también que esta actividad puede dar lugar a "la propagación de nuevos agentes infecciosos, perjudiciales para la conservación de la fauna autóctona, así como para la sanidad animal e incluso para la salud pública".
En esta investigación, la Benemérita ha contado con la colaboración, en las diversas gestiones que ha llevado a cabo, de autoridades y organismos, tanto de la administración central como de órganos periféricos de distintas comunidades autónomas competentes en materia de caza, trazabilidad y sanidad animal. Asimismo, las gestiones necesarias con otros países europeos han sido realizadas por la Guardia Civil a través de Europol.

Fuente: Redacción Ambientum / EP

Las ONG ambientales denunciarán la nueva ley de especies exóticas en la Unión Europea

redaccion@ambientum.com

Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF han denunciado que el Real Decreto por el que se regula el catálogo de especies exóticas invasoras, aprobado este viernes en Consejo de ministros, es un "grave retroceso para la biodiversidad", según han informado en un comunicado conjunto.

En concreto, señalan que el problema reside en la supresión de los animales exóticos con potencial invasor, que incluye un buen número de animales causantes de graves daños ambientales y socioeconómicos, del nuevo Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, que sí se considera en la normativa actual.
En opinión de las asociaciones, la nueva legislación beneficia los intereses privados de la industria peletera, a grupos de presión con intereses en la explotación cinegética y piscícola, así como a empresas que comercian con especies exóticas de flora y fauna, frente al patrimonio natural y a los intereses públicos.
En este sentido, explican que la normativa propuesta no prohíbe las actuaciones con especies como el visón americano o la trucha arco iris, que ponen en peligro a especies autóctonas en peligro de extinción. En concreto, la trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) está incluida dentro de la lista de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, elaborada por el organismo internacional de expertos sobre invasiones biológicas de la UICN, según han remarcado los ecologistas.
En la misma línea, las ONG denuncian que se permitirá, en prácticamente todas las provincias españolas, la apertura de granjas para la cría de visón americano, que, en su opinión, "además de un feroz competidor" de las especies autóctonas, es portador de enfermedades que pueden "transmitirse a humanos" y a animales autóctonos.
Además, consideran que estas medidas pueden tener un coste futuro para el erario público de más 100 millones de euros en los próximos 10 años sólo en gastos directos de erradicación.
Finalmente, las ONG ambientales denunciarán este Real Decreto a la Unión Europea y estudiarán recurrirlo ante la justicia para corregir algunas de sus graves lagunas.

El Gobierno aprueba el Catálogo de especies invasoras que incluye 186 especies, 53 de ellas nuevas

6/8/2013

España

redaccion@ambientum.com

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Real Decreto por el que se regula el catálogo de especies exóticas invasoras, cuyo objetivo es dar una "mayor seguridad jurídica y reforzar la protección del medio natural y la biodiversidad en España" y que incluye un total de 186 especies.

Las especies exóticas invasoras, según el decreto, constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo y la introducción de algunas de ellas puede ocasionar graves perjuicios a la economía, la producción agrícola, ganadera y forestal, incluso a la salud pública. Entre ellas se incluyen algunas como el mejillón cebra o el caracol manzana.
El Catálogo incorpora 53 nuevas especies con potencial invasor y excluye tres especies que estaban en el Listado de Especies exóticas con potencial invasor anterior que queda eliminado en este Real Decreto.
En general, este catálogo incluye las especies que representan mayor peligro para la biodiversidad y establece las medidas para prevenir su introducción, su control y posible erradicación.
El Gobierno destaca el intenso procedimiento de participación, tanto de las administraciones autonómicas como la de la sociedad civil y fue analizado en abril por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) y analizado la semana pasada en la reunión entre el ministro Miguel Arias Cañete y las cinco principales ONG ecologistas.
El Real Decreto aprobado el viernes desarrolla el artículo 61 de la Ley 42/2007, del 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que creó el Catálogo de especies exóticas invasoras.
El mismo artículo de esta Ley se desarrolló en el Real Decreto 1628/2011 sobre especies exóticas invasoras de 14 de noviembre de 2011, que recogía un listado de especies exóticas con potencial invasor. Este listado suscitó numerosas alegaciones por parte de varias comunidades autónomas y de asociaciones de pescadores, ya que se incluían algunas especies como la trucha arcoiris que suelen cazarse en pesca deportiva. Además, se presentaron recursos ante el Tribunal Supremo, órgano que, posteriormente suspendió el citado listado.
Propuestas de las Comunidades Autónomas
Según el Gobierno, entre las modificaciones que introduce el Real Decreto aprobado este viernes, destaca la eliminación del Listado de Especies Exóticas con Potencial Invasor que será sustituido por una relación indicativa que propondrán para sus territorios las comunidades autónomas y la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Estas especies estarán sujetas a mayor nivel de control y vigilancia y, llegado el caso, se propondrá su inclusión en el Catálogo.
En este sentido, fuentes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente han explicado a Europa Press el Listado desaparece y se establece un Catálogo, que es de carácter Nacional e incluye especies que afectan a todo el territorio pero que, además, las comunidades autónomas, podrán elaborar su propio listado. Según estas fuentes, de este modo se pone orden en la gestión de especies porque había especies invasoras en unos territorios que no lo eran en otros, como por ejemplo, el almendro.
Asimismo, una vez realizados los análisis de riesgos por parte de las comunidades autónomas, las especies a proponer se analizarán en el Comité de Aprobación Estatal, del que forman parte los directores generales de medio ambiente de las comunidades autónomas y la directora general de calidad y evaluación ambiental del MAGRAMA.
Concretamente, tras un debate posterior al análisis técnico científico en profundidad el Catálogo incorpora un total de 53 nuevas especies exóticas invasoras que no estaban incluidas en el anterior catálogo pero, en su gran mayoría, recogidas en el antiguo Listado. Del listado anterior se excluyen tres especies, concretamente: el “Batrachochytrium dendrobatidis”, un hongo que afecta a los anfibios; “Undaria pinnatifida”, una macroalga de cultivo autorizado con fines comerciales en Galicia, y “Helianthus tuberosus”, una planta sobre la que existían discrepancias, ya que se incluyó en el Atlas de Plantas Alóctonas Invasoras y que no estaba incluida por la UICN como especie exótica invasora.
Por otro lado el Real Decreto aprobado por el equipo de Gobierno, establece también una mejora significativa en la identificación de los procedimientos y de las competencias en el caso de intervención de estas especies en los puestos fronterizos.
Finalmente, en el caso de las especies incluidas en el Catálogo introducidas en el medio natural antes de la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, se establece la posibilidad de su control mediante la caza y la pesca en las áreas ocupadas con anterioridad a la promulgación de esa ley.

Fuente: Redacción Ambientum / EP