La nueva Ley de Costas enfrenta a Gobierno y ecologistas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la modificación de la Ley de Costas de 1988. Paralelamente, Greenpeace ha presentado el informe Destrucción a toda costa 2012, en el que hace un análisis de la actual gestión costera, y de las consecuencias de la reforma de la Ley de Costas.

La nueva norma elevará hasta 75 años las concesiones de viviendas en playa, permitirá al Estado suspender acuerdos municipales contrarios a la normativa, establecerá concesiones de cuatro años para los "chiringuitos" y modifica las normas del deslinde administrativo.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la nueva normativa ha sido redactada "por la seguridad jurídica y la protección del medio ambiente del litoral" que es, según ha subrayado, la base también del turismo español.
En este sentido, ha subrayado que la norma, que será remitida al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), tiene dos objetivos fundamentales: proteger el litoral y dar seguridad jurídica a propietarios y concesionarios.
Transmisión mortis e intervivos
En relación a las concesiones, según explica el Gobierno, la norma también permitirá la transmisión mortis causa e intervivos y establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes para resolver la extinción de las previstas en la Ley de 1988, que expiraban en 2018. Para el Ejecutivo, esta medida asegura la continuidad ordenada y selectiva de las ocupaciones de dominio público martímo-terrestre y "concilia la conservación del litoral con su uso sostenible".
En este sentido, apunta que la especial situación de los propietarios de viviendas en la costa que, con motivo de la aplicación de la Ley de 1988, quedaron convertidos en concesionarios, "ha generado problemas que van más allá de lo estrictamente jurídico".
"Todo ello, además, ha provocado desconfianza y desconcierto no solo en España, sino también en otros países. De hecho, el Parlamento Europeo elaboró un informe sobre la preocupante situación de las costas españolas en 2009 (Informe Auken). El anteproyecto aprobado por el Gobierno permitirá atajar esta situación", añade.
Junto a ello, Sáenz de Santa María ha explicado que para los denominados "chiringuitos", concesiones temporales en la zona de la playa, que "estaban en terreno de inseguridad jurídica", se establece un periodo de duración de cuatro años de concesión y su mantenimiento siempre que se mantengan las condiciones de protección medioambiental y del litoral con las que se concedió.
Igualmente, se ha referido a la cláusula "antialgarrobicos", una disposición legal que permitirá que la Administración del Estado, a través de la Abogacía del Estado, pueda intervenir para parar obras en pleno dominio público de playas o servidumbre contrarias a la legislación. "La abogacía del Estado podrá recurrir esas concesiones y obtener su suspensión para evitar determinados hechos consumados", ha subrayado.
De este modo, se introduce la suspensión automática en vía administrativa a instancia de la Administración del Estado de los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección. Acto seguido, el Estado deberá impugnar estos acuerdos ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de diez días.
Modificación del uso de las playas
Entre otras actuaciones, la norma introduce una reforma en relación con el uso de las playas. En este caso, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, según explica el Ejecutivo, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.
Además, "con el objetivo de dar respuesta a la demanda social de muchos municipios", el Gobierno regularizará distintas barriadas históricas para excluirlas del dominio público marítimo-terrestre, como el Pedregalejo y El Palo (Málaga).
Greenpeace
De forma paralela a la propuesta de reforma, la organización ecologista Greenpeace ha presentado "Destrucción a toda costa 2012". La ONG ha comprobado cómo la mala gestión costera supone un derroche constante de dinero público de 100 millones de euros anuales en "parches", que podría evitarse con una política de gestión integral de la costa.
Una de las principales conclusiones del análisis es que, por lo general, al ejecutarse obras en la costa no se contempla el impacto económico añadido de la pérdida del capital natural. Actualmente se ha perdido casi el 60% de la superficie de humedales costeros o el 70% de las lagunas costeras y sólo el 20% de los sistemas dunares está en buen estado. La mala gestión también se traduce en pérdidas: Naciones Unidas estima que en España se ha perdido, debido al urbanismo, la contaminación y las infraestructuras, un 50% de los beneficios económicos y ambientales de la costa (pesca, turismo u otras actividades) y con ellos la capacidad del desarrollo económico futuro.
Greenpeace denuncia que la ausencia de un plan de gestión integrada del litoral provoca que España deje de ganar 7.745 millones de euros cada año en beneficios ambientales de la costa, ya que por ejemplo el valor productivo de las reservas marinas del Estado se estima en 500 millones de euros al año y el de una hectárea de posidonia, 22.000 euros.
Una de las soluciones que propone Greenpeace para revertir las pérdidas, e incluso obtener mayores beneficios, es realizar una inversión estimada en 5.000 millones de euros en la recuperación del litoral (el 3% de lo que generamos cada año sólo en turismo costero) vinculando el turismo a la sostenibilidad. Con esta cantidad se respetaría y aumentaría el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres de protección (esto implica el derribo de construcciones ilegales), se restaurarían zonas de alto valor ambiental y económico (marismas, espacios naturales protegidos de la costa, dunas, acantilados, humedales, etc.) y se comprarían terrenos costeros para su protección. Con esta inversión se socializarían los beneficios y se privatizarían los gastos, justo lo contrario de lo que pasa actualmente.

Fuente: Redacción ambientum.com / EP

Imperativo frenar el uso de maíz para etanol: informe de Action Aid

La elaboración de agrocombustibles (etanol) consume ya el 15 por ciento de las cosechas mundiales de maíz, y el 40 por ciento en el caso particular de Estados Unidos (EU) –país fundamental en la definición de los precios del grano–. Tal situación es una de las causas principales del encarecimiento de los precios internacionales del maíz y en general de los alimentos, fenómeno iniciado en 2006/07 y vigente hoy con consecuencias fatales como el hambre y la inseguridad alimentaria.

En el caso de México, donde a diferencia de la mayor parte del mundo usamos el maíz para consumo humano directo, el efecto es evidente en la escalada de precios de la tortilla; en el malestar social derivado; en inseguridad alimentaria sobre todo en las zonas pobres del país, las rurales, y en el aumento en las erogaciones por importación de maíz, afirman Timothy A. Wise, director de Investigación y Políticas del Instituto de Desarrollo Global y del Medio Ambiente (GDAE) de la Universidad de Tufts, y Marie Brill, analista principal de políticas de Action Aid-Estados Unidos.
Ambos son autores del informe de Action Aid Agrocombustibles: fogoneros del hambre, presentado el pasado mayo con el subtítulo Cómo las políticas de Estados Unidos para el etanol de maíz aumentan el precio de los alimentos en México.
El informe tenía la intención de que siendo actual presidente del G-20 (que reúne a las economías más avanzadas y a las emergentes más importantes), México influyera en la reunión que realizó en Los Cabos, Baja California, del 18 al 20 de junio. Ello, considerando que en nuestro país hasta ahora hay un freno al uso del maíz para etanol, por la fuerza social que implica el que el grano sea nuestro básico principal y que debemos importar altos volúmenes desde Estados Unidos para cubrir nuestras necesidades. El boom del etanol afecta drásticamente la seguridad alimentaria de México.
Cabe mencionar que el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga, reconoció el 13 de junio, durante un seminario sobre nuevos paradigmas para la agricultura, que el documento que se analizará en la cumbre “no es muy explícito ni categórico en el tema de biocombustibles”, pues el tema es “controvertido”.
Durante la presentación del informe en cuestión, Wise recordó que en 2008 los precios de la tortilla en México prácticamente se duplicaron respecto de 2006, y la tónica de encarecimiento persiste en términos generales en los alimentos, “con efectos de hambre, inseguridad alimentaria y pobreza”.
El efecto que tiene el uso de maíz para etanol sobre el precio de este grano representó costos de entre mil 500 millones y tres mil 200 millones de dólares entre 2006-11, esto es costos que hubieran sido nulos si no se utilizara el maíz para fines energéticos.
El informe detalla que en 1990 las importaciones mexicanas de alimentos desde Estados Unidos sumaban dos mil 600 millones de dólares. Para el año 2000 subieron a seis mil 400 millones y en 2011 llegaron aun récord de 18 mil 400 millones. No obstante la expansión de las exportaciones agroalimentarias, el déficit de la balanza comercial ha empeorado. De hecho en 1990 lo que se registró fue un pequeño superávit, pero en 2000 el saldo negativo fue de mil 300 millones de dólares; en medio de la crisis alimentaria global, alcanzó “una cifra desastrosa” de cuatro mil 600 millones de dólares, y en 2011 sumó dos mil 600 millones.
En los dos años recientes, dijo Wise, los gastos por importación de maíz equivalieron al déficit comercial agroalimentario total.
Y es que la dependencia de México en importaciones de maíz se ha acentuado, sobre todo desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo Wise. El informe muestra que en 1990-92 las compras foráneas del maíz representaban siete por ciento del consumo; hoy son 35 por ciento. Y lo mismo ocurre en los otros granos. En trigo antes era 18 y ahora casi 60 por ciento; en arroz antes 60 y ahora casi 80 por ciento; en soya antes 75 y ahora casi cien por ciento.
Tim Wise señaló que la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos estima que entre 20 y 40 por ciento del encarecimiento de los precios globales de alimentos es atribuible al consumo de maíz para etanol. El análisis calcula que en 2006 el uso de maíz para etanol en el mundo y particularmente en EU representó un encarecimiento de las importaciones mexicanas de maíz de 2.5 por ciento, esto es 23 millones de dólares, pero en 2010-11 las cifras llegan a 20 por ciento y 422 millones de dólares. En todo el periodo 2006-11 el costo acumulado por esta razón fue de mil 260 millones de dólares. Y la tendencia es que se profundice la situación. “Estamos haciendo estimaciones conservadoras, porque hay otros cálculos que hablan de 20 a 40 por ciento” como efecto de encarecimiento del maíz por causa de la demanda del cereal por parte de la industria del etanol.
De acuerdo con Marie Brill, el uso del maíz para etanol ha sido impulsado en Estados Unidos por tres políticas: una protección arancelaria, subsidios y un mandato (leyes) para ordenar la mezcla del etanol con gasolinas. El objetivo de esto ha sido convertir la dependencia de combustibles fósiles a una “bioeconomía”. Otro incentivo han sido los altos precios del petróleo. De allí la “dramática” situación de que 40 por ciento de las cosechas maiceras de EU se utilicen para etanol, con los consecuentes efectos globales en los precios. Este país es el líder mundial en exportación del grano.
La especialista comentó que en el mundo ya 203 millones de hectáreas de tierra, esto es equivalente al tamaño de todo México, están siendo utilizadas con fines de producción de cultivos para agrocombustibles (sobre todo maíz, soya, otras oleaginosas y jatropha), y más de 60 por ciento de esa superficie está en el continente africano con inversiones de empresas extranjeras. En África, paradójicamente, la hambruna llega a grado extremo y afecta a un gran número de personas. Esto indica que más allá de los efectos meteorológicos, políticas públicas de países influyentes están induciendo un descontrol en la oferta alimentaria, y “esto debe cambiar; Estados Unidos debe cambiar”.
La carestía alimentaria va unida a otros fenómenos sociales de desgaste. Brill comentó, con base en experiencia propia como representante de Action Aid, que ha visto cómo en África la gente ha agotado todos sus recursos por sobrevivir: trabaja más, cuida menos su salud, y aun así, los ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades alimentarias.
En la presentación del informe de Action Aid participó Olga Alcaraz Andrade, directora de Agricultores Unidos Región Guayangareo, de Michoacán, miembro de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), consideró que el maíz “es el grano más especulado del mundo”.
Explicó la situación actual con el grano en México –que es una reedición de lo que ha ocurrido en los años recientes–: corporaciones reciben apoyo gubernamental para importar maíz, mientras que las bodegas de los productores en el país están repletas del grano. Las empresas así especulan –generan la idea de escasez del grano; reciben subsidios, y a la vez presionan a los productores para que les vendan más barato su grano, pues si no lo hacen el maíz quedará en las bodegas generando costos de almacenamiento–. “Dependemos que los monopolios compren nuestras cosechas; tenemos que cambiar esto. Las grandes empresas recibieron en 2011 un total de mil 400 millones de pesos para apoyar la comercialización de granos (…) el país pierde soberanía alimentaria”.
Por su lado, Víctor Suárez, director general de la ANEC, afirmó que el encarecimiento de los precios del maíz y demás alimentos –propiciado por la especulación financiera y por el uso de materias primas agrícolas para agrocombustibles– no se refleja en mejores ingresos para los campesinos, porque la situación genera especulación también en los precios de los insumos. Se han encarecido los procesos de producción. Entonces, los únicos beneficiarios de la carestía y la especulación alimentaria internacional son los monopolios (comercializadores, agroindustriales, productores de semillas y de fertilizantes). Y no hay lógica en las decisiones del gobierno de México, porque, en lugar de impulsar una mayor producción interna, la orden ha sido importar. Estas decisiones además han encarecido aún más los alimentos, porque, al ser anunciadas al mundo, generan especulación (máxime cuando México busca importar maíz blanco, de consumo humano y muy escaso globalmente). www.ecoportal.net
La Jornada del Campo
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Monocultivos de palma: El Deutsche Bank saca a bolsa la deforestación

l Deutsche Bank apoya la salida a bolsa la semana próxima del mayor comerciante de palma aceitera del mundo. FELDA ya ha talado cientos de miles de hectáreas de selvas para establecer monocultivos de palma.
Ahora pretende obtener tres billones de dólares en la bolsa para invertir en la destrucción de más selvas en Indonesia y África para establecer más monocultivos.
En Malasia existe gran oposición contra la salida a bolsa de FELDA y contra el acaparemiento de tierras que implica. Al mismo tiempo, la nueva directiva del Deutsche Bank dice en la publicidad que en el futuro desean actuar de manera más sostenible que sus predecesores.
Por favor, pida a la nueva directiva del Deutsche Bank que se distancie inmediatamente de la multinacional FELDA, destructora de la selva: FIRMA
“El Deutsche Bank ayuda a FELDA a quitarnos nuestra tierra y talar el bosque” dice Mazlan Aliman. El agricultor es el portavoz de los afectados en Malasia. Su cooperativa está en contra de la salida a bolsa del gigante de la palma aceitera FELDA, que tendrá lugar el 28 de junio de 2012. El dinero que consigan se utilizará para la destrucción de grandes extensiones de selvas.
La empresa FELDA Global Ventures Holding pretende reunir en las próxima semana tres billones de dólares para establecer nuevas plantaciones de palma. El Deutsche Bank está ayudando en la búsqueda de inversores. Ya hoy, FELDA es el tercer mayor propietario de monocultivos de palma, y el primer comerciante, así como líder en producción de azúcar.
Dinero para la destrucción de la selva y votos
El destructor de la selva FELDA ha anunciado que con el dinero de la salida a bolsa comenzará un tour de compras alrededor del mundo. Especialmente Indonesia y África están en la mira de la transnacional del agronegocio. Ahí comprarán superficies de selvas, que serán destruidas y convertidas en monocultivos.
Además, existe la sospecha, que con el dinero de la bolsa se podrían llegar a comprar votos para las próximas elecciones. El partido del primer ministro malasio está vinculado a FELDA.
El Deutsche Bank apoya la deforestación y el robo de tierras
El Deutsche Bank califica este plan como ecológico y socialmente inobjetable. Mazlan Aliman y sus compañeros no lo ven de la misma manera: para ellos, la salida a bolsa tropieza directamente con sus derechos y significa que van a se inmediatamente desposeídos.
Por favor, exija al Deutsche Bank que se distancie distancie inmediatamente del destructor de selvas FELDA y que no promocione ningún otro robo de tierras. www.ecoportal.net
Salva la Selva
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Masiva movilización contra el G20 en México: el G20 contra los pueblos 05-07-2012

La Plaza del Zócalo del Distrito Federal de México recibió a más de 15.000 personas que se movilizaron en una marcha “anti-Calderón y contra el G20”, que partió desde el Monumento a la Revolución, recorrió todo el centro de la ciudad y acabó en la plaza principal del DF. En la movilización se contó con la presencia de distintas organizaciones sociales en donde los sindicatos tuvieron una importante convocatoria. Incluso se contó con delegados internacionales de más de 20 países que se dieron cita en estos días por la Cumbre de los Pueblos frente al G20 organizada tanto en México DF como en la ciudad de La Paz, en la Baja California Sur.

Mientras tanto, la cumbre oficial organizada en la exclusiva ciudad de Los Cabos, a 140km de donde se realizaban las manifestaciones, llegaba a resoluciones que ya son conocidas y que no buscan resolver la crisis en favor de los intereses de los pueblos sino de la banca internacional. La decisión más concreta es la aprobación de un nuevo financiamiento al Fondo Monetario Internacional (FMI) nada menos que por unos US$ 456.000 millones. La mayor parte de este increíble monto será destinado a auxiliar a los países en crisis (es decir los países centrales del capitalismo), gracias a la contribución que realizarán… ¡esos mismos países! Casi la mitad de ese dinero (US$ 200.000) será aportado por los miembros europeos del G20 para… ayudarse a sí mismos (!?). Suena increíble, pero eso ha resuelto el G20 como medida para “resolver la crisis”. A todo esto, los EEUU no realizarán aportes para este fondo de salvataje…
Cabe preguntar a quién beneficiará todo este dinero. Y la respuesta no es otra que al sector financiero: los bancos y las entidades prestatarias a nivel internacional, las cuales han sido responsables principales de la crisis actual.
La moraleja de todo esto parece una broma de muy mal gusto: “puedes causar una crisis internacional que llevará al desempleo y la quiebra a millares de ciudadanos en el mundo, que de todos modos los dineros públicos vendrán a tu rescate una y otra vez… y con acuerdo de los principales gobiernos del mundo”. Esa parece ser la moraleja.
Son por este tipo de motivos por los cuales se alzan eventos como la Cumbre de los Pueblos frente al G20, la cual forma parte del proceso de cumbre de los pueblos que hacen presencia en cada momento y en cada lugar donde la institucionalidad de este mundo injusto se reúna para convalidar su orden. Porque será la pobreza la que financiará la riqueza, las víctimas del ajuste en España los que auxiliarán a la banca europea, los trabajadores de los países empobrecidos los que rescatarán a bancos que se enriquecerán con estos mecanismos. Son estas grandes contradicciones las que denuncia el proceso de Cumbre de los Pueblos.
Pero no es solamente el tema de la banca la que ha cruzado los debates dentro del G20 oficial. España, país oficialmente no miembro del G20 pero con Gran Bretaña como aliada al efecto, solicitó la expulsión de Argentina del G20 por haber incumplido compromisos dados en el ámbito del G20 en sesiones anteriores. Al mismo tiempo, el gobierno de Chile prontamente se prestó para remplazarla iniciando un lobby para lograr dicho objetivo. El motivo de este pedido español es la alusión al caso de la expropiación de la empresa española Repsol como excusa para mostrar los compromisos rotos por Argentina. Lo llamativo es que lo invoque el gobierno que expropió el banco Bankia a poco después de la decisión argentina de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera Repsol.
El real objetivo de estas acusaciones es mostrar que los gobiernos están haciendo mucho por la crisis, por respetar los compromisos asumidos y por aparentar que el proceso de cumbres del G20 está dando frutos. Lo cierto es que dichos frutos, de haberlos, no ayudan a los pueblos, y es esto lo que los gobiernos callan.
Por ello es que el principal argumento sostenido por los movimientos sociales en torno al G20 sea su ilegitimidad. Pareciera haber una transmutación en las representaciones que se asumen desde los procesos electorales hasta la composición del Grupo de los 20. Los veinte gobiernos han sido elegidos por la voluntad popular de su ciudadanía, mas cuando ellos se reúnen en esa “mesa chica” de las 20 naciones más poderosas del mundo –dejando afuera de la misma a las 173 naciones restantes-, la representación parece dirigirse hacia los intereses corporativos mas que a las necesidades sociales. Así es cómo estos 20 gobiernos, incluso dentro de sus matices, se han autoconvocado para hallar supuestas salidas a la crisis, cuando sus resoluciones no se apartan del decálogo neoliberal.
Por todos lados de la ciudad de La Paz, en la Baja California, se daban expresiones de esta confrontación de los intereses corporativos a las necesidades sociales. La movilización surgida por la Cumbre de los Pueblos frente al G20 en La Paz sorprendió a los apacibles visitantes de ese destino turístico, que irrumpieron la acomodada agenda electoral ante sus reclamos de justicia, dignidad y solidaridad entre los pueblos.
Las mesas que conformaron el seminario internacional realizado tanto en la capital mexicana como en La Paz fueron las actividades que organizó la Coalición Mexicana frente al G20, cuya finalización cerró con un festival al atardecer de la exquisita costa californiana.
El derrotero de cumbres oficiales del G20 seguirá en año entrante en Rusia. Seguramente pocos serán los mexicanos que puedan estar allí expresando lo que se manifestó en esta semana. Sin embargo, allí seguramente se manifestará la sociedad rusa así como otros miembros de otras naciones del mundo, dado que lo que se resuelve en esta “mesa chica” de la globalización afecta a los 7.000 millones que habitamos el mundo. Porque ellos son 20 y nosotros somos 7.000 millones, y donde sea que se encuentren, estaremos. www.ecoportal.net
Javier Echaide (CADTM – AYNA / ATTAC – Argentina

La causa de todas las enfermedades

¿Sabias que en 1931 Otto Warburg recibió el Premio Nobel por descubrir La Causa Primaria del Cáncer y de todas las enfermedades? ¿Porqué no se hizo público este conocimiento?
http://www.ecoportal.net/Videos/La_causa_de_todas_las_enfermedades

Biopatentes o la apropiación mercantil de la vida

Las biopatentes forman parte de la estrategia capitalista que se inicia con la apropiación privada de las semillas agrícolas y continúa con la aparición de los híbridos. Luego aparece la transgénesis como anillo al dedo e inaugura con ello, una nueva fase en la escalada por el control de las semillas, los campesinos y los alimentos.

Como concepto, las llamadas biopatentes contienen una connotación ideológica y mercantil muy pronunciada. Es atribuible, si seguimos el hilo discursivo de las corporaciones transnacionales que están detrás de ellas, al tipo de propiedad intelectual que concede derechos exclusivos y monopólicos de explotación y usufructo, a los que por vía legal logran obtener una cuestionable propiedad privada sobre organismos vivos (plantas, animales, microorganismos), procesos biológicos o componentes esenciales de la vida. Es decir, que las biopatentes o patentes biológicas, representan las piezas inconfundibles de un sistema abusivo y fuera de control de transferencia arbitraria de propiedad sobre la vida, que las naciones industrializadas pretenden imponerle a toda la Humanidad. Esta singular manera de extender el concepto de propiedad a la vida y sus formas diversas, ha necesitado que las oficinas de Patentes de las naciones poderosas, interpreten con laxitud las exigencias tradicionales nacidas hace más de cinco siglos para conceder patentes y que soslayen con excesiva facilidad y no poco interés en garantizar el lucro desmedido de las transnacionales, que los “descubrimientos novedosos” por ellas encontrados, ya existían en la Naturaleza y sólo han sido alterados recientemente en uno o en unos cuantos caracteres.
Pero no se puede hablar sobre patentar la vida o los seres vivos sin mencionar a la llamada prospección biológica; actividad tan antigua como el colonialismo que soportaron las naciones latinoamericanas y caribeñas y que hoy con muchas más razones, tiende a semejar una verdadera acción de biopiratería o de despojo de nuestros recursos naturales y el saber contenido en ellos. De modo que la exploración sistemática de nuestros territorios por representantes o enviados de las grandes empresas farmacéuticas o de ingeniería genética, en la búsqueda de algún recurso biológico o bioquímico con utilidad mercantil, se viene haciendo en la mayoría de los casos, sin la anuencia de los Estados involucrados y mucho menos, de sus comunidades campesinas e indígenas.
Aún cuando se puedan desarrollar e invocar justificaciones y normas legales, para conceder propiedad privada sobre plantas y animales a través de las Patentes y del llamado Derecho del Obtentor, regulado por la Unión Internacional de Protección Vegetal (UPOV) en su versión 91, lo cierto es que tal proceder carece de legitimidad alguna, ya que esas plantas y animales llegaron hasta nuestros días gracias al trabajo de domesticación, conservación y mejoramiento, que desde la aparición de la agricultura hace ya 12,000 años atrás, fueron realizando los seres humanos. Por ello resulta además contrario a cualquier ética, reclamar propiedad sobre organismos vivos o sus componentes básicos, que por ser obra del trabajo y esfuerzo colectivo, pertenecen a toda la Humanidad. Sin embargo, las empresas transnacionales empeñadas en controlar totalmente nuestra alimentación y los recursos esenciales para producirlos, con su poderoso poder económico y su muy respetable arsenal de influencias y presiones políticas, han conseguido lo que algunas décadas atrás podría parecer impensable: obtener derechos de propiedad sobre nuestros principales cultivos alimenticios y sobre bienes intangibles asociados también a éstos.

En la actualidad la actividad de patentar seres vivos, está fuertemente concentrada en grandes corporaciones transnacionales, que intervienen no sólo en semillas agrícolas, sino además en plaguicidas, medicamentos humanos y veterinarios, fertilizantes, alimentos, etc. Gran parte de la supuesta “mejora” que estas empresas vienen desarrollando hoy, por ejemplo, con los cultivos alimenticios, descansa en la producción de plantas transgénicas con resistencia a herbicidas o capaces de producir la toxina del Bacillus thuringiensis. También buscan que tecnologías tan perversas como lucrativas, como “Terminator” y “Zombie”, les sean finalmente permitidas. Naturalmente que todo esto exige contar con patentes con el objetivo, según nos aseguran, de recuperar sus inversiones, protegerlas durante un largo tiempo y garantizarle a sus socios las ganancias correspondientes. En este contexto, muy poca participación y beneficio pueden alcanzar los sistemas de mejoramiento nacionales y mucho menos los fitomejoradores independientes.
Las biopatentes o patentes biológicas para el sector agropecuario, forman parte de la estrategia capitalista que se inicia con la apropiación privada de las semillas agrícolas y continúa con la aparición de los híbridos. Luego aparece la transgénesis como anillo al dedo e inaugura con ello, una nueva fase en la escalada por el control de las semillas, los campesinos y los alimentos. De ese modo, es que el énfasis actual por patentar los elementos fundamentales para producir alimentos, amenazan con desplazar ahora y en el futuro inmediato a los campesinos e indígenas de sus tierras y hacer de la agricultura, un negocio enteramente capitalista, donde lo que importa no es la producción de alimentos para la Humanidad, sino el lucro y la ganancia.
Aquí en Panamá, un ligero repaso a las legislaciones que rigen la materia de Patentes y Derecho del Obtentor, pone de manifiesto que las mismas responden íntegramente a las concepciones predominantes sobre el llamado libre comercio y sobre la necesidad de proteger inventos y descubrimientos, bajo la supuesta finalidad de estimular el desarrollo de la ciencia y de la creatividad humanas. Sin embargo, para el caso específico de las patentes biológicas y los derechos sobre variedades vegetales, no parece que tales objetivos sean los que orienten el creciente interés por patentar la vida.
De allí que, pese a que la legislación nacional que crea la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), establece claramente que exceptúa de patentabilidad “las especies vegetales y las especies y razas animales” y que nuestra adhesión en la UPOV es al Acta del 78, que concede algunas libertades en cuanto a las cosechas y el mejoramiento, existen razones poderosas para creer que esto va a cambiar pronto, una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Panamá. Este engendro exige que nuestro país se adhiera según su capítulo 15, al menos a 10 normas internacionales relacionadas con la propiedad intelectual, entre ellas a la versión 91 de la UPOV, para convertir, como recientemente ocurrió en Chile, el Derecho de Obtentor en una verdadera patente sobre variedades vegetales.
Resulta evidente que las poderosas transnacionales y sus tecnologías fundadas únicamente en el negocio capitalista, no tienen el más mínimo interés en resolver los problemas del hambre en el mundo. Lo que persiguen fundamentalmente, es tener el control sobre el principal eslabón del sistema alimentario y obligar a los más de 1,400 millones de campesinos del planeta que guardan sus semillas para las siembras próximas, a comprarlas inevitablemente todos los años. Esto lógicamente, contribuirá a acentuar en mayor grado, la pérdida irreversible de la biodiversidad universal.
Por ello, urge retirar cuanto antes las patentes de cualquier forma de vida, principalmente de las plantas y animales de la esfera mercantil y de todo espacio o foro económico internacional. De no hacerlo, aumentará la pobreza en el área rural; se reducirá significativamente la riqueza biológica y natural del planeta; se transformará el paisaje y la vida en los campos y la agricultura perderá, finalmente, su verdadera razón de ser. www.ecoportal.net
Pedro Rivera Ramo

Los intereses económicos, en contra de nuestros intereses

Los intereses económicos, desde hace varios siglos, son los que vienen dictaminando el rumbo a seguir por nuestras sociedades.
Lamentablemente, desde fines de la Edad Media, una convergencia de factores ambientales, psicológicos, religiosos, económicos y de otros tipos, apoyados en inventos tecnológicos y avances de las ciencias, ha permitido que la humanidad fuera dominando a la naturaleza y consecuentemente nos ha ido acarreando como sociedad, más allá de los casos individuales, hacia el camino del materialismo.
Ideológicamente muchos de nosotros tenemos un fuerte y genuino sentimiento de amor por la naturaleza, por la vida, por nuestros pares. Comprendemos y somos concientes de muchos de los perjuicios que causamos al medio ambiente con nuestras conductas cotidianas. Pero nos encontramos sumergidos hasta el cuello en sociedades absolutamente orientadas al consumo. Incluso culturalmente desde niños hemos sido infectados con el virus del consumismo y los medios masivos de comunicación se han encargado de proveer al virus de buen alimento.
La globalización de los mercados ha acelerado el proceso y multiplicado infinitamente el poder de la economía por sobre todo lo demás.
Palabras como “progreso” y “desarrollo” descubrieron que podían ser utilizadas como disfraz en forma malintencionada para beneficio de una minoría. Como pretende hacerse ahora, en el ataque final de las multinacionales del terror, mercantilizando hasta el último ser vivo, bajo el engañoso nombre de “Economía verde”.
El mercado es un monarca que no tiene cuerpo, ni alma. Más destructivo e impiadoso que el arma más terrible jamás imaginada.
Para mantener contento al mercado se destruyen bosques, se inundan millones de hectáreas, desaparecen montañas, se contaminan el agua, la tierra y el aire. Se destituyen presidentes, invaden países y se hambrean a cientos de millones de personas.
Paralelamente cada individuo, se siente más pequeño, con menos posibilidades de cambiar algo, de enfrentar a ese monstruo gigantesco que está devorándolo todo, destruyéndolo todo.
Entonces, el punto pasa a ser si realmente existe la posibilidad de que la sociedad humana realice el importante cambio de rumbo necesario, a escala planetaria, en la forma de relacionarnos entre nosotros y con el resto de la naturaleza. Ya que si eso no sucede, solamente queda intentar adivinar cuanto tiempo queda para nuestra extinción como especie.
Resulta evidente que para nuestra propia supervivencia, es necesario realizar un gran esfuerzo conjunto, el más grande y mas multitudinario jamás pretendido. Debemos intentar enderezar el timón entre todos de un barco que está a punto de naufragar y encontrar un rumbo que nos reconcilie con la naturaleza y con nosotros mismos, con nuestro propio ser. Si logramos unirnos bajo ese objetivo común, podremos hacerlo.

Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos en la próxima entrega de esta publicación.

Ricardo Natalichio, Director de EcoPortal.ne