miércoles, 22 de mayo de 2013

La UE prohíbe la venta y reproducción de semillas autóctonas y tradicionales

el 17 mayo, 2013 
ley-eu-semillas
Se trata de una semana muy agitada. Últimamente la gente ha estado enviando correos electrónicos, cientos de miles, sobre este asunto. Parece ser que se han producido algunos cambios importantes del última hora en el proyecto de ley, incluso algunas modificaciones se hicieron el domingo por la noche.
Aunque todavía se trata de una mala ley, es mucho menos mala que la redacción inicial, o incluso que otros proyectos. Esto se ha debido a la presión ejercida por muchas personas. De todos modos, debemos estar vigilantes para asegurarnos que no haya cambios a peor, ya que lo que pasa a través de la UE se traduce en leyes en los países que la forman. He aquí un resumen de la situación actual. Un enlace al final de artículo permite la descarga del proyecto de ley.
La nueva Ley de semillas disminuye el acceso a semillas para su uso en el hogar y restringe los cultivos de los agricultores.
El lunes 6 de mayo se presentó una nueva ley ante la Comisión Europea, por la cual se establecen nuevos poderes para regular el cultivo de plantas en toda Europa. La “Ley de Material Reproductivo de las plantas” regula todas las plantas. Contiene restricciones en cultivo de verduras y plantación de árboles, mientras que se crean nuevos poderes para restringir el resto de plantas de cualquier otra especie en una fecha posterior.
Bajo la nueva ley, será ilegal cultivar, reproducir o comercializar cualquier semilla vegetal o árbol que no haya sido probado y aprobado por una nueva “Agencia de Variedades Vegetales de la UE”, que va a elaborar una lista con las plantas autorizadas. Por otra parte, se debe pagar una tarifa anual a la Agencia para mantener esas semillas en la lista, y si no se paga no se pueden cultivar.
Después de muchas protestas e intensas presiones por parte de grupos de consumidores, pequeños agricultores, bancos de genes, e incluso algunos Gobiernos de los Estados miembros, se han hecho algunas modificaciones de última hora, que aunque no resulta en una ley perfecta, se ha reducido mucho el impacto.
Las concesiones de última hora, debido a la presión pública, son las siguientes:
* Los jardineros están autorizados a guardar e intercambiar semillas no aprobadas sin que por ello se infrinja la ley.
* Individuos y pequeñas organizaciones pueden proveerse de semillas de hortalizas no aprobadas, siempre y cuando tengan menos de 10 empleados.
* Los bancos de semillas pueden guardar semillas no aprobadas, sin que por ello se infrinja la ley.
* En una futura legislación ( sin especificar cuándo) se regulará las semillas aptas para la agricultura ecológica.
Para el resto siguen las restricciones, y a largo plazo será más difícil para las personas hacerse con buenas semillas para cultivar en su casa. También hay cláusulas que podrían revertir concesiones anteriores sin tener que pasar por el Parlamento para su votación.
Estamos pensando en cuál será el próximo paso. Parece ser que la ley pasará al Parlamento para su modificación o aprobación, por lo que todavía hay posibilidades de cambios, sean para bien o para mal. Debemos continuar en nuestra campaña para que sólo se aprueben mejoras a la ley.
Ben Gabel, cultivador de plantas y director de The Real Seed Catalogue, dijo:
El proyecto de ley era horrible, y es bueno observar que la Comisión ha respondido satisfactoriamente a las peticiones de cientos de miles de ciudadanos que levantaron sus voces contra ella. Han hecho algunas importantes concesiones para el cultivo en casa y los pequeños agricultores, aunque es una pena que no se pensase en ellos en primer lugar.
Sin embargo, todavía hay consecuencias negativas. Tendrán derecho a acceder a las distintas variedades vegetales los jardineros, los agricultores ecológicos y los agricultores que cultiven para los mercados locales a pequeña escala.
Esto se debe a que el principal sistema de registro no facilita el uso en el hogar (jardines, huertos) – las variedades para el uso casero no cumplen con los estrictos criterios de la Agencia de Variedades Vegetales, que sólo se preocupa por aprobar las semillas utilizadas por la Agricultura Industrial.
Debido a esto, las empresas de semillas registraban y vendían variedades de semillas para uso no profesional en el ámbito doméstico. Bajo el nuevo sistema, que ahora las denominan como variedades “locales”, no hay un registro de esas variedades, pero hay un gran inconveniente: cualquier empresa con más de 10 empleados tiene prohibido su cultivo y uso.
Así que las nuevas variedades para los cultivos caseros sólo podran ser desarrolladas por pequeñas organizaciones, y puede ser que no tengan recursos para hacerlo. Habrá muy pocas variedades profesionales para uso de los jardineros o para la agricultura sostenible a pequeña escala.
La ley va a reducir las posibilidades de elección también a los grandes agricultores. En algunos casos, sólo se permitirán las nuevas variedades vegetales si se aprueban y se demuestra que son mejores que las que estén actualmente en lista.  Esto es absurdo, ya que a menudo se descubren los beneficios de una nueva variedad al cabo de varios años, por ejemplo, cuando se observa su resistencia ante tal o cual enfermedad. En un mercado libre, debería corresponder a los agricultores decir el uso de las nuevas variedades y cuáles son aquellas que más les gustan en base a su experiencia.
No hay necesidad real de este nuevo y complejo reglamento. Ya tenemos leyes que protegen al consumidor: las semillas deben ser aptas para su venta; deben coincidir con la descripción y corresponder con lo anunciado. La actual Ley de Semillas ya cubre la defensa de la salud, la trazabilidad y la seguridad. Cualquier persona que produce semillas ya es inspeccionada y sus semillas certificadas por Agencias Estatales.
Este es un ejemplo de Burocracia fuera de control. No queremos a tantos funcionarios de la UE que son pagados por mover montañas de papeles para interferir en el derecho de las personas a cultivar lo que quieran, ni debiera pagarse por el uso de plantas que han sido utilizadas durante miles de años en la agricultura a pequeña escala.
También resulta preocupante que se hayan dado a sí mismos el poder de regular y aprobar el cultivo de cualquier especie de planta en el futuro, no sólo las de uso agrícola, sino las hierbas, musgos, flores, etc, sin tener que pasar necesiariammente por el Consejo para su votación.
Esta ley ha sido escrita pensando en las necesidades de las Multinacionales de la Industria Agraria y de Semillas, que suministran semillas en grandes cantidades para la producción industrial. Es algo que no debiera aplicarse a los usos domésticos o los pequeños agricultores que producen para los mercados locales, que tienen necesidades muy diferentes.
Hacemos un llamamiento para que queden exentas de forma total en la ley aquellas semillas vendidas en pequeñas cantidades a los consumidores individuales”.
[...]
Contacto con los medios: Ben Gabel de The Real Seed Catalogue, ben@realseeds.co.uk
[…]
Más información y una advertencia:
Si usted lee únicamente las 5 primeras páginas, que pueden entenderse como un resumen, creerá saber de qué trata la ley. El resumen no es en lo que se convertirá la ley. Son los distintos artículos los que se convierten en Ley. El resumen no tiene personalidad jurídica y sólo aparece como una ayuda para el público, y se supone que da una información general y establecer un contexto para saber lo que está pasando y por qué.
El problema de esta ley es que en el resumen se dicen muchas cosas bonitas de forma suave sobre preservación de la biodiversidad, simplificación de la legislación, hacer las cosas más fáciles, pero los artículos hablan de todo lo contrario. El resumen no se convierte en ley.
Por ejemplo, los puntos 1, 2 y 3 hablan acerca de hacer las cosas más fáciles para conseguir las variedades no profesionales, pero resulta que todas estas variedades quedan abolidas en los artículos iniciales de la Ley. Sin embargo, el resumen y comunicados de prensa aún hablan de ayudar a preservar las variedades no profesionales. El resumen es falso: no recoge los puntos de vista de la Ley.
Así que tenga cuidado. Paso por alto el resumen, que no refleja en absoluto lo que es la ley.
Versión oficial del Proyecto de Ley presentado el 6 de mayo de 2013:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_aphp_en.pdf
Vía Gmwatch y Noticias de abajo

Activistas de Greenpeace se manifiesta contra la política pesquera a las puertas del MAGRAMA

22/5/2013
España


REDACCIÓN
El ministro español ha bloqueado todos los intentos para lograr un acuerdo pesquero europeo que garantice el futuro de los océanos y los pescadores, según Greenpeace. Por ello, la ONG ha llevado su denuncia al Congreso por la política pesquera de Cañete, acción que ha finalizado con la detención de 12 activistas.
Activistas de Greenpeace han llevado un barco de pesca artesanal a las puertas del MAGRAMA para denunciar que el ministro Arias Cañete no quiere escuchar a los pescadores sostenibles, al tiempo que en Europa bloquea todos los esfuerzos de otros países y del Parlamento Europeo para alcanzar una reforma de la Política Pesquera Común justa con la biodiversidad de los océanos y los pescadores.
Dos semanas después de que Greenpeace llevara su denuncia al Congreso por la política de Costas de Cañete, activistas de la organización ecologista han situado una embarcación real de pesca artesanal de 7 metros de eslora frente al Ministerio. Varios activistas se han encadenado a las ruedas del remolque en el que viajaba el barco mientras que otro grupo ha desplegado una pancarta de la fachada del edificio ministerial en la que se podía leer "Cañete, no hundas la pesca". También portaban otras pancartas con el mensaje "pescaSOStenible es el futuro".
"Cañete no quiere hablar con los pescadores sostenibles, no conoce este sector ni quiere escuchar sus problemas, por lo que le hemos traído un barco real para que sepa que dentro de él está el futuro de miles de familias que dependen de que defienda en Bruselas una política pesquera que tenga en el corazón a la pesca sostenible", ha declarado Celia Ojeda, responsable de Océanos de Greenpeace
Con esta acción de denuncia pacífica Greenpeace pretende que Arias Cañete cambie su actitud y defienda la pesca sostenible como alternativa a la sobreexplotación de los océanos, en un momento en el que el Europarlamento revisa la última propuesta del Consejo de Ministros de Pesca para la nueva Política Pesquera Común (PPC). Esta propuesta es un texto muy poco ambicioso que deja la puerta abierta para continuar con la sobreexplotación pesquera y la esquilmación de los océanos, y que debilita mucho la propuesta aprobada en febrero por el Parlamento Europeo. Todos los participantes en las negociaciones señalan que, una vez más, el papel de Arias Cañete consistió en frenar todos los intentos de lograr un acuerdo que fuera beneficioso para los océanos y para el futuro de la pesca sostenible.
La propuesta del Consejo no define acuerdos vinculantes para reducir la sobrecapacidad pesquera ni fija una fecha ambiciosa para recuperar las poblaciones de peces, además, tampoco recoge un compromiso para acabar con los descartes. "Entre estos detalles, los ministros, encabezados por Cañete, se olvidaron de la pesca sostenible, un sector que, además de ser beneficioso para el medio ambiente, es más justo socialmente y más viable en lo económico, además, representa una alternativa con futuro al sistema actual de gestión de las pesquerías", ha añadido Ojeda.
Durante todo el proceso de reforma de la PPC, Greenpeace ha instado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a apoyar la pesca artesanal y sostenible y solo se ha encontrado con el silencio, un silencio que se ha agravado desde que Cañete llegó al Ministerio. El sistema de gestión pesquera vigente en los últimos 15 años, y que Cañete sigue defendiendo, ha generado la pérdida de más de 50.000 empleos en el sector pesquero y la sobreexplotación de los stocks.
Doce activistas de Greenpeace, detenidos
Tras la acción de denuncia pacífica, han sido detenidos 12 activistas, que han permanecido en dependencias policiales de la Policía Nacional de Moratalaz (Madrid) para posteriormente ser puestos en libertad tras declarar.
Posición del MAGRAMA
El Ministerio condena la actuación de Greenpeace impidiendo el acceso normal a la sede del Departamento. La acción ha sido denunciada ante la Policía.
Desde el Ministerio se apuesta por un dialogo fluido con las Organizaciones Ecologistas, como se ha venido demostrando desde el comienzo de la nueva legislatura en las periódicas reuniones que el Ministro Arias Cañete y el Secretario General de Pesca, Carlos Domínguez, celebran con las ONGs. Se atienden sus propuestas (en particular las relacionadas con la reforma de la Política Pesquera Común-PPC) siempre que sean compatibles con la legalidad vigente y con una actividad pesquera sostenible desde todos los puntos de vista.
El Ministerio ha dado repetidas muestras de su compromiso firme con la pesca sostenible como forma de asegurar un futuro tanto para nuestros pescadores como para el medio marino, de forma que en la nueva política pesquera común que se está acordando actualmente en Bruselas se recojan mecanismos de regulación realistas (prohibición de descartes, gestión por RMS, aplicación de las normas de manera homogénea a todas las especies, defensa de la pesca artesanal, etc.) que permitan una adecuada respuesta para el desarrollo de la actividad pesquera sometida, por otra parte, a un estricto control, a fin de asegurar su correcto desarrollo, evitando, entre otras cosas, la sobrepesca.
Fuente: Redacción ambientum.com

Una sentencia ejemplar refuerza el acceso a la información ambiental

21/5/2013
España

REDACCIÓN
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara nulas las resoluciones dictadas por el Ministerio de Industria respecto a una solicitud de información ambiental presentada por WWF España ante la Dirección General de Política Energética y Minas en 2009.
En concreto, la organización pidió el resultado de las consultas transfronterizas con Portugal y la documentación complementaria al Estudio de Impacto Ambiental realizadas en relación al proyecto de construcción de la refinería Balboa en Extremadura.
Esta sentencia del TS declara que la Dirección General de Política Energética y Minas incumplió la legislación porque debía haber contestado la solicitud de información ambiental de WWF en el plazo de un mes.
Además, añade que la Secretaría de Estado de la Energía también incumplió la Ley porque denegó la información a la ONG cuando esta se la solicitó. El argumento no válido de esta última para no dar la información fue que en el momento de la solicitud de WWF aún no estaba aprobada la Declaración de Impacto Ambiental, por lo que se trataba de actos inconclusos sobre los que no había obligación de dar información.
El Tribunal Superior recuerda el derecho de los ciudadanos a exigir a los poderes públicos medidas para proteger el medio ambiente, así como el deber de los ciudadanos de protegerlo. En consecuencia, para que los ciudadanos puedan preservarlo de forma real y efectiva, tienen que poder participar en la toma de decisiones. Para lograrlo, recuerda que el acceso a la información ambiental es una herramienta básica.
Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, manifiesta: “Nos alegramos de esta sentencia que confirma el acceso a la información ambiental como un derecho básico de los ciudadanos y que recuerda el deber de todos los poderes públicos -y no sólo del Ministerio de Medio Ambiente- de cumplir las leyes ambientales”. Y añade: “Sin embargo, es criticable que esta decisión haya tardado cuatro años en llegar”.
Fuente: Redacción ambientum.com

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Poco a poco vamos aumentando la variedad de plantas vivas. Ya tenemos albahacar, menta piperita, menta chocolate, hierbabuena, tomillo salsero, tomillo-limón, orégano, cilantro, perejil, manzanilla, fresón, rosa de jericó. La estevia, volveremos a tenerla cuando se estabilize el tiempo.
Si quereis reservar alguna, me lo decís. Y si quereis alguna planta en particular, también me lo decís.

Industria apuesta por el fracking para acabar con el déficit de tarifa

21/5/2013
España

REDACCIÓN
El ministro de Industria, Energía y Turismo, y los consejeros autonómicos han subrayado que se debe llegar a unos precios para familias y para la industria que permitan competir en similares condiciones con aquellas que tienen los competidores. La mayor parte de los consejeros se mostraron partidarios de realizar exploraciones de hidrocarburos empleando la tecnología de fracturación hidráulica, respetando la normativa medioambiental, tal y como ha propuesto el Gobierno.
Han coincidido en la necesidad de readaptar la planificación de las infraestructuras a la situación actual, con las actuales previsiones de actividad económica y de demanda eléctrica.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha presidido la primera Conferencia Sectorial de Energía de esta legislatura, que ha reunido a las Comunidades Autónomas entorno a la estrategia energética. En este sentido, se ha debatido la situación energética actual y las reformas llevadas a cabo por el Gobierno para solucionar el problema del déficit tarifa y lograr un sistema eléctrico competitivo.
Durante la conferencia, el ministro ha explicado cual era el punto de partida del Gobierno en materia energética, un déficit eléctrico muy abultado con una tasa de generación anual que agravaba el problema. Este déficit, subrayó Soria, se ha producido porque el sistema eléctrico ha registrado un incremento de sus costes mientras que, en cambio, los ingresos del sistema han sido mucho más bajos de lo que se preveía.
Esta situación ha ido produciendo desfases cada vez más grandes entre ingresos y costes del sistema, dando origen al déficit de tarifa.
Todas las Comunidades Autónomas estuvieron de acuerdo en la necesidad de solucionar el problema del déficit eléctrico. Los consejeros han coincidido con el ministro en que la solución del déficit no es un fin en sí mismo sino una herramienta para conseguir el objetivo final de disponer de un sistema eléctrico competitivo, con precios tanto para las familias como para la industria que permitan competir en al menos similares condiciones con aquellas que en materia de costes energéticos tienen nuestros competidores.
Gas pizarra
El ministro también defendió la relevancia del gas pizarra en el panorama energético internacional y las oportunidades que presentaría la eventual existencia de reservas en el país, siempre y cuando las investigaciones se realicen respetando las normas medioambientales.
La mayor parte de los consejeros se mostraron partidarios de realizar exploraciones de hidrocarburos empleando la tecnología de fracturación hidráulica (fracking), necesaria para la extracción del gas pizarra, siempre y cuando se hagan dentro de las mayores garantías medio ambientales exigidas tanto por la Unión Europea como por parte de la propia legislación nacional.
El ministro subrayó que el Gobierno sigue esta línea literalmente, y ya está tramitando considerar esta tecnología como legislación básica del Estado, y todo ello sin perjuicio y con total respeto a las competencias en esta materia de las CC AA.
El ministro también abordó con los consejeros la planificación de infraestructuras energéticas, y hubo coincidencia en la necesidad de readaptarla a la situación actual, especialmente a las previsiones en relación a la actividad económica y a la evolución de la demanda eléctrica.
Finalmente, el ministro Soria ha confirmado la transferencia de las funciones y servicios del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría (hospitales, industrias y laboratorios que utilizan fuentes radiactivas, etc.) a las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Ciudad Autónoma de Melilla, únicas comunidades que todavía no tenían transferidas estas funciones.
Fuente: Redacción ambientum.com

viernes, 17 de mayo de 2013

El MAGRAMA cede a SEO/BirdLife la gestión de las aves migratorias

17/5/2013
España


REDACCIÓN
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha decidido ceder la gestión de la Oficina de Especies Migratorias (OEM) a la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) por "falta de disponibilidad presupuestaria".
Así lo ha asegurado el departamento que dirige Miguel Arias Cañete, en una respuesta parlamentaria dirigida al diputado de UPyD Toni Cantó, a la que ha tenido acceso Europa Press.
"La falta de disponibilidad presupuestaria para mantener la actividad de la OEM ha hecho que el Ministerio haya tenido que plantearse el traspaso de su gestión a una entidad con implantación nacional y experiencia en la materia como es la Sociedad Española de Ornitología que, además, actúa como entidad avaladora para la gran mayoría de anilladores españoles", según ha relatado el Ejecutivo.
Una vez que se formalice la cesión, mediante convenio de colaboración, el Ministerio de Medio Ambiente asegura que mantendrá una tutela sobre el anillamiento, formando parte de un comité creado al efecto y expidiendo lo certificados de aptitud anualmente.
Eso sí, recalca en esta misma respuesta parlamentaria que el MAGRAMA podrá retomar la gestión de la OEM cuando lo considere conveniente.
SEO/BirdLife
Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, ha confirmado a Europa Press que están negociando un convenio de gestión con el MAGRAMA, para seguir realizando el anillamiento, una actividad que "forma parte del ADN" de la organización, ya que lleva realizándolo cerca de 70 años.
En este sentido, ha señalado que, pese a que por falta de presupuesto ya no habrá dotación económica para los anillamientos, se trata de una actividad que SEO/Birdlife "no puede dejar de atender ni en tiempo ni en formas", ya que se podrían invalidar proyectos de investigación científica a nivel europeo.
De momento, ha añadido que aún quedan algunos temas que ajustar con el Ministerio y también a nivel interno de la organización. En todo caso, ha indicado que SEO se siente obligada a que se mantenga el anillamiento, por lo que tratarán de ver cómo lo asumen.
Fuente: Redacción ambientum.com / EP

jueves, 16 de mayo de 2013

Pueblos ocultos rumbo a su extinción

10/05/13 Por Luis Ángel Saavedra
El ruido de los motores de extracción petrolera y la tala indiscriminada del bosque ahuyentan a los animales que los pueblos ocultos necesitan cazar para sobrevivir. Urge implementar medidas cautelares para proteger a pueblos en aislamiento voluntario.
La masacre de unos 30 indígenas taromenane, ocurrida en marzo pone al descubierto una nueva realidad y la negligencia del Estado ecuatoriano para proteger a los pueblos que aún sobreviven en la selva amazónica, presionada por, la expansión de la industria petrolera y la acción ilegal de madereros.
Estas actividades se mantienen pese a que el mismo gobierno del presidente Rafael Correa emitió, el 2 de febrero de 1999, el Decreto Ejecutivo 552 con el que declaró “zona intangible” al territorio donde habitan los pueblos indígenas Taromenane y Tagaeri, y el 18 de abril del 2007, delimitó esta zona mediante el Decreto 2187.
El ruido de los motores de extracción petrolera y la tala indiscriminada del bosque ahuyentan a los animales que los pueblos ocultos necesitan cazar para sobrevivir. Para expresar su malestar han atacado esporádicamente a madereros, como sucedió en setiembre del 2005, abril del 2006 y marzo del 2008; o a colonos, como cuando atacaron a Sandra Zabala y dos de sus hijos, en setiembre del 2009.
En la madrugada del pasado 5 de marzo de este año, atacaron al guerrero huaorani Ompore Omeway y su esposa Buganei Cayga, que vivían cerca de la comunidad Yarentaro.
Omeway es padre de los líderes de Yarentaro y había decidido alejarse de la comunidad para vivir en aislamiento; esporádicamente tenía contacto con los taromenane y tagaeri, con quienes compartía territorios de caza.
El sacerdote capuchino Miguel Ángel Cabodevilla, uno de los que más han estudiado a los tagaeri y taromenane, sostiene la hipótesis de que estos últimos le habrían expresado su malestar por las incursiones que se daban en sus territorios y las dificultades para la cacería; además, le habrían solicitado que les consiga algunos machetes y hachas.
Cabodevilla asegura que a estos pueblos ya no se les puede considerar como “no contactados”, pues toman contacto con algunos ancianos huaorani a quienes solicitan cosas que necesitan para sobrevivir en la selva, como los machetes, hachas o algunos utensilios de cocina.
La hipótesis de Cabodevilla la comparte Mónica Chuji, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía del Ecuador (CONFENIAE), quien manifiesta que Omeway habría ofrecido machetes y hachas, pero no pudo cumplir con su palabra, pues nadie le proporcionó estos implementos pese a que los habría solicitado a la comunidad de Yarentaro y a la compañía petrolera española REPSOL.
“Ompore [Omeway] empeñó su palabra y no pudo cumplirla, no consiguió todo lo que le pidieron”, asegura Chuji.
Conocida la noticia del ataque a Omeway y Cayga, unos 15 guerreros de Yarentaro, liderados por Orengo Tokari, sobrino de Omeway, se adentraron en la selva en busca de los taromenane para ejercer venganza; la primera y segunda incursión falló, pues no los encontraron. En la tercera incursión, 18 días después del ataque a Ompore, los hallaron y los asesinaron con armas de fuego. Orengo declaró en un programa de televisión que mató a cinco taromenane; sin embargo, Cawetipe Yeti, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), asegura que por lo menos son 30 los taromenane muertos
“La costumbre [entre los huaorani] es usar lanzas”, explica Chuji. “Ahora usaron armas de fuego y eso rompe con la tradición y va a traer muchos problemas entre las comunidades huaorani”, añade en referencia a que esto abre la posibilidad de que los conflictos entre los huaorani puedan resolverse con armas de fuego.
Gobierno tergiversa la realidad
Por su parte, Cabodevilla cuestiona la lentitud del gobierno en actuar frente a este problema, pese a ser el responsable de implementar las denominadas “Políticas de Protección a los Pueblos en Aislamiento”, dictadas en abril del 2007.
“Conocida la muerte de Omeway [las autoridades gubernamentales] debieron entrar inmediatamente a Yarentaro y hablar con las familias, ofrecer una indemnización y convencerles de no tomar venganza”, dice Cabodevilla.
En efecto, las noticias del ataque a los ancianos huaorani, como la incursión para tomar venganza, se divulgaron de manera inmediata; pero no se conocieron acciones gubernamentales hasta cuando se difundió la información de la masacre y el rapto de dos niñas taromenane, que fueron llevadas a Yarentaro. Autoridades gubernamentales catalogaron a la masacre como un rumor.
Según Eduardo Pichilingue, coordinador del Observatorio de Derechos Colectivos y miembro del Comité Internacional de Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario, el rapto de las niñas es la prueba de que existió una masacre, pues es costumbre de estos pueblos asesinar a todos los miembros de un clan, incluyendo niños, cuando se rapta a las mujeres, y así evitar una futura venganza. El rapto de mujeres es una práctica que se da en los enfrentamientos de estos pueblos; algunas de las actuales esposas de los huaorani son mujeres tagaeri o taromenane raptadas en épocas pasadas.
Las autoridades gubernamentales afirmaron que todo es un rumor mientras no se encuentren los cuerpos, y para ello realizaron varios sobrevuelos en helicóptero, todos fallidos. Luego, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, aseguró que una posible muerte de taromenanes se debería a que consumieron alimentos dañados, que habrían sido lanzados desde una avioneta.
Chiriboga tergiversó los comentarios de las niñas raptadas, que se negaron a comer el arroz que les ofrecieron en Yarentaro, explicando que años atrás sus abuelos habían enfermado por comer el arroz que lanzaron desde “una cosa que vuela”.
“Si es verdad que les están lanzando comida desde aviones, es un genocidio”, afirmó el capuchino José Miguel Goldaraz, compañero de Cabodevilla, en referencia a que los alimentos que se consumen en occidente contienen virus para los que no están preparados los pueblos ocultos, aparte de que pueden consumirlos cuando ya están dañados.
Goldaraz participó en el “Encuentro de la Red Eclesial Amazónica” realizado en Puyo, provincia amazónica de Pastaza, donde en abril se reunieron por tres días representantes de 26 países. En su manifiesto final, dado a conocer el 24 de abril, pidieron que “se detenga este desangre en la selva, ocasionado por presiones de todo tipo y por poderosos intereses para los cuales los pueblos desprotegidos son meros obstáculos para el mal llamado desarrollo”.
No es “guerra de clanes”
Para confundir más a la opinión pública, los medios de comunicación gubernamentales están difundiendo la idea de que estos ataques son parte de una guerra de clanes y definen a los huaorani como comunidades que chantajean a las petroleras, exigiendo prebendas a cambio de no cerrar las vías de acceso a los pozos.
“No es una simple guerra de clanes, aunque los taromenane y tagaeri si miran a los huaorani como sus enemigos, porque los miran como aliados de los invasores; pero tampoco se puede catalogar a las comunidades huaorani como chantajistas o como aliados de las petroleras”, afirma Chuji.
El 26 de mayo del 2003 fueron asesinadas 23 mujeres y niños taromenane. Se responsabilizó de esta masacre a guerreros huaorani, movidos por madereros. La incursión fue ordenada por el jefe Babe, en venganza del ataque a uno de sus hijos, y la lideró Davo. Los dos son considerados los guerreros más respetados de esta nacionalidad. Babe murió en agosto del 2009, mientras que Davo vive a orillas de una carretera donde mantiene un control de los vehículos, exigiéndo gaseosas como tributo por el paso.
Tres años después, considerando los constantes enfrentamientos de los huaorani con los taromenane y tagaeri, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares para la protección de estos últimos.
El gobierno nacional tuvo en ese momento una posición proactiva, ordenando que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se haga cargo de la implementación de estas medidas. Sin embargo no se siguió con el proceso y Pichilingue, quien lo lideraba, fue despedido.
“Las medidas cautelares para protegerlos deben implementarse en una zona de interés petrolero, y ahí venció este interés y perdieron los beneficiarios de las medidas cautelares. Si sigue así, estos pueblos van rumbo al exterminio”, sostiene Pichilingue.EcoPortal.net
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