27/9/2013
España
REDACCIÓN
El proyecto de ley del sector eléctrico aprobado
en Consejo de Ministros está hecho a medida de las grandes empresas del
sector y en perjuicio de la ciudadanía, la economía estatal y local y el
medio ambiente.
El paquete, criticado por las comisiones oficiales de expertos,
contiene medidas tan escandalosas como el impuesto al autoconsumo a
partir de renovables, disfrazado eufemísticamente como
peaje de respaldo. Es necesaria una reforma eléctrica, pero muy distinta
a la que impulsa el Ministerio de Industria.
El 12 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 9/2013, en el que se adoptaban medidas urgentes para la estabilidad financiera del sector eléctrico. Fue acompañado en pocos días de un anteproyecto de Ley para reformar el sector, 8 borradores de reales decretos y varios borradores de ordenes ministeriales. Un paquete normativo que, en su conjunto, es un ataque a la democracia, a la sociedad y al medio ambiente.
El viernes se aprueba el proyecto de Ley en el Consejo de Ministros, tras la fase de evaluación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). A pesar de las críticas de ambos organismos, se da luz verde a que comience el trámite parlamentario y pueda ser aprobado antes del 1 de enero de 2014, fecha que se ha marcado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
La Ley carga sobre las espaldas de los consumidores la nefasta regulación y la falta de planificación del sector, que acumula una deuda de 27.000 millones de euros pese a que las eléctricas siguen teniendo beneficios anuales de varios miles de millones. Se trata de que el consumidor pague sea como sea, de forma que desincentiva el ahorro y la eficiencia, e incrementará el número de personas que ya se encuentra en situación de pobreza energética
Pero también es una estocada a las energías renovables, tanto a los plantas en funcionamiento como a las nuevas plantas que se pudieran instalar en un futuro. El objetivo no es más que asegurar a las grandes empresas el control sobre un sector estratégico, como es el de la energía eléctrica, que en los últimos años había visto como nuevos actores entraban en juego, y que tenía dos problemas acuciantes a resolver: el descenso en el consumo y la posibilidad de que muchos consumidores generaran su propia energía, mediante sistemas de autoconsumo a partir de renovables, que ya son más baratos que consumir la electricidad de la red. Un escenario que las eléctricas no están dispuestas a asumir.
Ecologistas en Acción considera que es necesaria una reforma del sector eléctrico, pero muy distinta a la que propone el ministro Soria. Es urgente una planificación estratégica, en la que las medidas de ahorro, eficiencia e implantación de energías renovables sea un pilar básico. El sistema precisa además transparencia y control público, de forma que la electricidad deje de estar controlada por un oligopolio de grandes empresas cuyo único objetivo es incrementar sus cuentas de resultados a costa de los bolsillos de la ciudadanía y el deterioro del medio ambiente.
El 12 de julio pasado el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto Ley 9/2013, en el que se adoptaban medidas urgentes para la estabilidad financiera del sector eléctrico. Fue acompañado en pocos días de un anteproyecto de Ley para reformar el sector, 8 borradores de reales decretos y varios borradores de ordenes ministeriales. Un paquete normativo que, en su conjunto, es un ataque a la democracia, a la sociedad y al medio ambiente.
El viernes se aprueba el proyecto de Ley en el Consejo de Ministros, tras la fase de evaluación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). A pesar de las críticas de ambos organismos, se da luz verde a que comience el trámite parlamentario y pueda ser aprobado antes del 1 de enero de 2014, fecha que se ha marcado el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
La Ley carga sobre las espaldas de los consumidores la nefasta regulación y la falta de planificación del sector, que acumula una deuda de 27.000 millones de euros pese a que las eléctricas siguen teniendo beneficios anuales de varios miles de millones. Se trata de que el consumidor pague sea como sea, de forma que desincentiva el ahorro y la eficiencia, e incrementará el número de personas que ya se encuentra en situación de pobreza energética
Pero también es una estocada a las energías renovables, tanto a los plantas en funcionamiento como a las nuevas plantas que se pudieran instalar en un futuro. El objetivo no es más que asegurar a las grandes empresas el control sobre un sector estratégico, como es el de la energía eléctrica, que en los últimos años había visto como nuevos actores entraban en juego, y que tenía dos problemas acuciantes a resolver: el descenso en el consumo y la posibilidad de que muchos consumidores generaran su propia energía, mediante sistemas de autoconsumo a partir de renovables, que ya son más baratos que consumir la electricidad de la red. Un escenario que las eléctricas no están dispuestas a asumir.
Ecologistas en Acción considera que es necesaria una reforma del sector eléctrico, pero muy distinta a la que propone el ministro Soria. Es urgente una planificación estratégica, en la que las medidas de ahorro, eficiencia e implantación de energías renovables sea un pilar básico. El sistema precisa además transparencia y control público, de forma que la electricidad deje de estar controlada por un oligopolio de grandes empresas cuyo único objetivo es incrementar sus cuentas de resultados a costa de los bolsillos de la ciudadanía y el deterioro del medio ambiente.
Fuente: Redacción Ambientum/Ecologistas en Acción
