23/10/2013
España
Asociaciones de renovables
REDACCIÓN
La energías renovables suponen un ahorro de más de
4.000 millones de euros anuales en el precio de la energía. En el
período 2005-2011, las EE.RR. abarataron el precio de la electricidad en
28.500 millones de euros, 7.600 millones de euros más que todas las
primas recibidas.
Catorce asociaciones de renovables denuncian la campaña que las grandes eléctricas llevan a cabo en la Unión Europea y les acusan de presionarla para que abandone su apoyo y rebaje los objetivos de renovables
con el único fin de mantener sus beneficios a costa de hundir al
sector. Asimismo, critican una vez más que las eléctricas tradicionales
en España culpen a las primas de ser las causantes del déficit de
tarifa. Las asociaciones de renovables denuncian igualmente que la
reforma del Gobierno no haya acometido una profunda reestructuración del
ineficaz y falto de competencia mercado eléctrico español.
Eléctricas, déficit de tarifa y seguridad jurídica
Las renovables vuelven a denunciar la campaña de las eléctricas de identificar déficit de tarifa con primas a las renovables. Según los informes de la CNE, el 41 % del déficit de tarifa proviene del llamado déficit ex ante,
es decir, el déficit en el que ya se sabe que se va a incurrir a
principios de año pero que los gobiernos deciden no corregir para no
sufrir desgaste político. El 31% proviene de la desviación de precios del pool, el 5% de la desviación de costes extrapeninsulares y el 22% del régimen especial,
incluida la cogeneración. El hecho es que en el periodo 2000-2008 el
déficit de tarifa fue 8.000 millones de euros mayor que las primas a las
renovables.
Las asociaciones del sector renovable lamentan que
las grandes eléctricas quieran solucionar el problema del déficit de
tarifa eliminando únicamente ciertos costes que afectan por entero al
sector renovable, especialmente a las tecnologías solares, y que aboguen
en el seno de la Unión Europea por la adopción de medidas que no respetan el principio de seguridad jurídica,
como pedir la semana pasada “detener o reducir drásticamente” las
retribuciones a las renovables. Asimismo, consideran inaceptable que un
directivo de una empresa eléctrica, que precisamente lleva años
percibiendo primas renovables, cuestione que se mantenga en España la
apuesta por determinadas tecnologías renovables e insinúe que si se
suspendiera la producción de energía con alguna de ellas la luz bajaría.
Más increíble es que el sector tradicional cuestione con esta propuesta
la seguridad jurídica que tanto reclama cuando defiende sus
inversiones.
Evidentemente cualquier coste del sistema que se
dejara de pagar conllevaría un ahorro en el recibo, por ejemplo, se
podrían suprimir los pagos por capacidad, que ya no son necesarios, los costes extrapeninsulares, que deberían trasladarse a los Presupuestos Generales del Estado, la interrumpibilidad,
que también debería trasladarse a los PGE por ser una política
industrial, y que ha sido incrementado por el Gobierno entre 2008 y 2011
en un 117%, etc. También rebajaría la factura de la electricidad el que
las eléctricas hubieran devuelto los 3.400 M€ correspondientes a los costes de transición a la competencia (CTC) cobrados de más
o que a la nuclear y a la gran hidráulica de régimen ordinario (con una
situación muy distinta a la minihidráulica), tecnologías ya
completamente amortizadas por la contribución de todos
los consumidores a los CTC y que perciben unos beneficios excesivos por
su participación en el mercado en condiciones ventajosas, les aplicaran
la rentabilidad razonable que se exige a las renovables. Si desde que
se creó el déficit de tarifa se hubieran corregido estas situaciones, el
déficit no existiría y, por tanto, tampoco la partida correspondiente a
pagar la amortización e intereses del mismo, que fue de 3.182 millones de euros en 2012.
Renovables rentables, beneficios caídos del cielo y mercado ineficaz
Mientras que las energías renovables han supuesto un ahorro medio en España de alrededor de 4.000 millones de euros cada año con respecto al precio del pool, el importe anual de los denominados “windfall profits” o “beneficios caídos del cielo”, que tienen a las grandes hidráulicas y nucleares
como beneficiarias, es prácticamente equivalente al déficit de tarifa.
El coste del megavatio hora nuclear es de 21 euros, mientras que su
retribución ha estado durante los últimos años en torno a los 50 euros.
En
contraposición, las renovables, por su participación en el mercado
reducen el precio del mercado 20 euros el megavatio hora. En el primer
trimestre del año 2013, ese abaratamiento ha superado los 22 euros por
MWh. En el período 2005-2011, abarataron el precio de la electricidad en 28.500 millones de euros, 7.600 millones de euros más que todas las primas recibidas.
La
asociaciones de renovables califican como inadmisible que el Gobierno
haya dejado intacta la parte de la factura eléctrica que corresponde al
mercado y abogan porque las primas sean consideradas como lo que son,
una retribución por la producción de energía, y por tanto vayan en la parte de la factura reservada a “costes de energía” y no cuantifiquen como “costes regulados”.
¿Qué sacamos de la tarifa?
Las
grandes eléctricas y sus principales ejecutivos piden sacar del mercado
a tecnologías que no controlan, como las solares, en lugar de asumir
sus errores de planificación que les ha llevado a la instalación desaforada de centrales de gas de ciclo combinado,
que están ociosas y tratan de rentabilizar a toda costa. En total desde
el año 2001 han instalado más de 27.000 MW, algunos de ellos en plena
crisis económica. Lo justifican como apoyo a las renovables cuando la Agencia Internacional de la Energía
cifra la necesidad de un 1 MW de potencia firme por cada 5 MW
instalados de renovables no gestionables. Lo que no dicen las eléctricas
es que los ciclos de gas han recibido subvenciones como incentivos a la
inversión, que es lo que son los eufemísticamente denominados pagos por
capacidad, por el 40% de la inversión. Las subvenciones recibidas por los ciclos de gas sólo desde 2007 a 2012 han superado los 3.500 millones de euros.
El
sector de las energías renovables español pide la retirada del
parlamento de la Ley del Sector Eléctrico y un Pacto de Estado sobre la
energía que afronte una verdadera reforma energética a largo
plazo y que garantice la seguridad jurídica en nuestro país. Asimismo,
está abierto al diálogo con todos los sectores implicados, tanto para
proponer medidas que permitan resolver el problema del déficit como para
contribuir a la creación de un mix energético sostenible y equilibrado
que se traduzca en un ahorro de costes para el consumidor. En cualquier
caso, tal período de diálogo debería ir acompañado de una auditoria
independiente y profunda del actual sistema eléctrico.
Asociaciones
firmantes: ACLUXEGA, AEBIG, AGAEN, AIFOC, ANPIER, APUEE, AVAESEN,
DONOSTIA SUSTAPENA, PROTERMOSOLAR, SOLARTYS, UNEF, UNIÓN POR LA BIOMASA,
URWATT, APPA.
Fuente: Redacción Ambientum / UNEF
